El Gobierno Nacional puso fin a la protección que la Ley 26.160 y sus prórrogas establecían en favor de la posesión y la propiedad comunitaria indígena al declarar finalizada la emergencia territorial.
Esta medida es muy preocupante y amenaza con agravar aún más distintos conflictos que se desarrollan en todo el país, en franca violación de los derechos de estos pueblos.
Es importante señalar que la Ley 26.160 era la única norma sobre políticas públicas en Argentina que tendía al reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. El Congreso nunca cumplió con el mandato constitucional de dictar leyes que instrumenten la propiedad comunitaria indígena ni la consulta y participación indígenas, entre otros derechos colectivos fundamentales.
En este contexto de demora legislativa, la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 805/2021 que extendía la vigencia de la Ley 26.160, es una pésima señal que se suma a otras medidas tomadas por el actual gobierno, tal como hemos manifestado en pronunciamientos anteriores.
Desde la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) exhortamos al Congreso a dictar en forma urgente una ley que proteja la posesión y propiedad comunitaria que es el espacio vital imprescindible para la subsistencia y desarrollo de los Pueblos Indígenas, y a los jueces y juezas de todo el país, que tengan presente la vigencia del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de los que la Nación es parte, especialmente el Convenio 169 de la OIT.
A treinta años del reconocimiento de los Pueblos Indígenas en la Constitución Nacional, no hay espacio para el desconocimiento ni el retroceso en materia de derechos colectivos indígenas.
