Este jueves, los sindicatos de docentes y administrativos de las universidades públicas en todo el país llevan a cabo una jornada de paro en contra del veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. La medida se da sin asistencia a los lugares de trabajo.
La próxima semana, se anticipa un despliegue de “actividades de visibilización” que incluirán clases públicas, vigilias y cortes de calles y rutas. Estas actividades continuarán la ola de movilización que ha crecido en los últimos días, a medida que se intensifican las tomas de facultades, rectorados y colegios preuniversitarios.
La decisión de llevar a cabo la medida de fuerza fue el resultado de un consenso entre la mesa nacional, que reúne a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), sindicatos de docentes y personal no docente, así como a agrupaciones y centros de estudiantes. Todas las instalaciones estarán cerradas.
El reclamo de los gremios
La Conadu señaló que su iniciativa gremial se enmarca en una firme lucha por la salvaguarda de la Universidad Pública, buscando reivindicar tanto los derechos salariales como la vitalidad del presupuesto universitario. Asimismo, expresó su respaldo a las ocupaciones, vigilias, permanencias y otras iniciativas que el movimiento estudiantil está llevando a cabo en diversas universidades del país.
“No existen negociaciones de ningún tipo con el Gobierno. Y esa falta de diálogo implica un problema muy grave, porque tiene que ver con el quiebre de un pacto democrático en la Argentina”, declaró el secretario general del gremio, Carlos De Feo.
De acuerdo con el CIN, un alarmante 70% de los sueldos de docentes y personal no docente se sitúan por debajo del umbral de la pobreza.
En este escenario, la Federación Universitaria Argentina (FUA) hizo un llamado a la acción, convocando un paro de 48 horas que tendrá lugar el próximo lunes y martes. En colaboración con el frente sindical de docentes universitarios, se estableció un conjunto de acciones que cuentan con el respaldo del CIN, exigiendo “una paritaria que reconozca la especificidad de trabajadoras y trabajadores universitarios y ofrezca una solución a la grave situación salarial”. En simultáneo se llevará a cabo una clase pública en el Congreso de la Nación y en todas las universidades que se sumen en todo el país.
En el corazón del debate educativo, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se prepara para iniciar una auditoría en 26 universidades públicas que han establecido un acuerdo de supervisión con el organismo. Esta será una de las primeras acciones emprendidas por el órgano interno de control, siguiendo el veredicto del Gobierno que ha autorizado la auditoría de las finanzas de las instituciones.