La Fiscalía ya reunió todas las pruebas para imputar a los policías que participaron de los 12 días de toma del Comando Radioeléctrico en Posadas.
El Fiscal René Casals de la Fiscalía de Instrucción 6, incluyó en el expediente de investigación todos los testimonios y denuncias relacionadas con el levantamiento policial que sucedió en el mes de mayo en Misiones
Además, emitió un pedido para presentar informes a Jefatura de Policía para completar el panorama de lo sucedido y quiénes son los autores penales que desataron oleadas de protestas sociales en Misiones.
Casals tiene suficientes pruebas para realizar imputaciones a quienes participaron de las protestas. Pero tuvo que posponer la elevación porque el Juez Ricardo Bálor, que interviene en la causa, solicitó una licencia, que había quedado pendiente la semana pasada por los feriados nacionales. Las propuestas se presentarán en el Juzgado de Instrucción N° 6 a partir del lunes 24.
Hasta el momento el gobierno de Misiones no forma parte del expediente. La única representación de la causa es de la Fiscalía, lo cual no consta en el expediente.
El acuerdo salarial entre el Gobierno y los agentes de policía y penitenciarios incluía una amplia amnistía. Pero su alcance se limita a sanciones administrativas y las acciones judiciales continuaron adelante más allá de los acuerdos entre las partes.
Por ello, cuando aún se desarrollaban las protestas, Ramón Amarilla siempre repetía, “Nosotros vamos a tener que enfrentar la Justicia, lo sabemos”.
La causa penal
La Fiscalía tiene un abanico de hechos delictivos para atribuir. El primero, y más importante, es la sedición. El cargo tendría el agravante de que habría sido cometido por funcionarios públicos armados. Este delito tiene una pena en expectativa de 1 a 6 años de prisión.
La sedición está descrita en el artículo 229 del Código Penal. En el hecho puntual ocurrido en la tierra colorada, el foco de la investigación apunta a la sanción para quienes se alzan en armas para “arrancarle alguna medida o concesión” a las autoridades provinciales. En el caso puntual, un aumento de salario.
En Misiones, el agente no pierde el estado policial en ningún momento. Y esto implica estar armado. De allí se desprende la suposición de que portan sus armas las 24 horas los 7 días de la semana.
La Justicia misionera analiza el antecedente del juicio por la sublevación policial de 2013 en Entre Ríos. Dos años después, 17 uniformados fueron condenados por sedición siguiendo esta línea de razonamiento: toda protesta policial es armada.
El levantamiento de los policías misioneros comenzó el viernes 17 de mayo a la madrugada, después de un par de jornadas con acciones pacíficas que incluyeron el encadenamiento de retirados frente a la Jefatura.
Ese día, una de las dos sedes del Comando Radioeléctrico de Posadas fue abordada por agentes fuera de servicio en dos oportunidades. La primera se registró a eso de las 3 de la mañana, según detalló el Jefe del Comando Orlando Neris. Un grupo quiso entrar, pero fueron disuadidos. Dos horas después, otro que usó métodos más violentos, según indica la presentación judicial, logró su objetivo.
Neris indicó que en ese momento fue agredido y sacado a los empujones. La radio del Comando dejó de modular: cesó en la recepción y emisión de órdenes operativas, como lo reconoció la oficial principal Marcia Domínguez durante la primera semana del conflicto. Continuó así hasta, al menos, el miércoles 29.
Durante la madrugada del viernes 17, un gran número de patrulleros fue sacado de servicio y llevado al Comando. Así comenzó un acampe que se extendió sobre la Avenida Uruguay y calles laterales. Las denuncias sobre estos hechos incluyen la presencia de personas encapuchadas actuando al resguardo de la noche y emboscadas a móviles que no se habían plegado a la protesta.
En la Justicia llegaron a evaluar que, en el pico de la protesta, hubo 50 patrulleros fuera de servicio en la capital misionera.
La revuelta policial impulsó la protesta de otros sectores, como docentes y personal de salud. Hubo manifestaciones frente a la Legislatura, que fue reprimida, en la casa del gobernador Hugo Passalacqua y frente al domicilio del hombre fuerte del oficialismo misionero, Carlos Rovira. Finalmente, ambos escalafones obtuvieron mejoras sustanciales en sus haberes.