Vicente Antonio Palacio tiene 62 años y desde el martes está detenido en la subcomisaría del barrio Antenor Gauna, en la capital formoseña.

 

Lo liberarán el 30 de abril, luego de que cumpla su pena por no haber tenido el barbijo puesto mientras iba en su camioneta a atender una consulta médica gratuita.

 

 

La historia de un polémico fallo.

 

 

Carmen se puso el ambo y se subió a la camioneta. Vicente Antonio Palacio hizo lo mismo. Manejaba ella. Tomaron la ruta provincial número 2 en dirección a la localidad Mojón de Fierro. Habían partido de la capital de Formosa en una Ford Ranger minutos después de las 9:30 de la mañana.

 

Él, en calidad de médico clínico, y ella como auxiliar asistente se dirigían a realizar una atención gratuita en el domicilio de una mujer que había conocido en el centro de ancianos de un pueblo de veinte manzanas. Era el sábado 8 de agosto de 2020 cuando antes de las diez de la mañana los detuvo un nuevo control policial.

Había atravesado ya otras dos postas policiales sin inconvenientes ni reparos. Vicente no llegaba puesto el barbijo. Le labraron un acta contravencional y lo acusaron de incumplir el artículo 145 y 146 del código de faltas de la provincia.

 

Dos meses antes, la Legislatura de Formosa había aprobado la modificación de tres artículos del código: precisamente los puntos 145, 146 y 147. El 145 establece que “será sancionado con arresto de cinco a treinta días, redimible por multa, quien no observare una disposición legalmente establecida por la autoridad en materia de salud o higiene pública”.

 

El 146 define que “el infractor en un contexto de emergencia sanitaria será sancionado con arresto de diez a sesenta días, redimible por multa, si la infracción es cometida con la concurrencia de tres o más personas, la sanción de arresto no podrá ser inferior a quince días”.

 

 

La actuación policial reza que el acusado “no contaba con el barbijo colocado al momento de exteriorizar su comunicación con el personal, y ante la observación respectiva, el hombre cuestionó el trabajo del personal en forma agresiva, con intenciones de intimidar al personal, refiriendo además ‘siendo doctor no me van decir qué hacer’”. La declaración testimonial del cabo primero Matías Juárez precisa que el hombre reaccionó de mala manera luego de que le pidieran colocarse el barbijo y manifiesta que violaba, así, el protocolo sanitario vigente.

 

La síntesis de lo actuado en el expediente también dice que el infractor realizó un descargo en sus redes sociales. La publicación incluía la foto de un policía tomada por él y un alegato, anexada a la causa. El posteo es la voz y la posición del médico: “Este es el cabo primero Juárez. 

 

Me recrimina por no usar el barbijo, le contesto que voy dentro de un vehículo de mi propiedad, con mi señora y en un área no urbana. Se enoja y le dice a un subordinado que me labre el acta del DNU. Quisieron esposarme y secuestrarme la camioneta, me pidieron todo tipo de documentación que manosearon y permanentemente me faltaron el respeto.

 

A mí con 36 años en el ejercicio de la profesión, correctamente uniformado de médico y que iba a ejercer y atender a pacientes de PAMI de esa localidad”.

 

 

Miguel Montoya, abogado y concejal de la ciudad de Formosa por Cambiemos, repasó los hechos. Recupera la cronología de los hechos en tiempo presente: “A Vicente lo paran y le dicen que tiene que llevar el barbijo puesto. Le responde que es médico, que conoce las normas y que no es necesario usarlo en el interior del vehículo. Se produce un altercado y le labran un acta que deriva en un expediente del juzgado de faltas”.

 

 

El expediente contravencional cayó en el Juzgado de Paz de Menor Cuantía número 3 de la provincia de Formosa. 

 

La jueza Venancia Servín dictaminó a comienzos de abril de 2021 condenar a Vicente Palacios de 62 años a la pena de diez días de cárcel. Montoya reveló que el hombre le pidió a la jueza un “perdón judicial”, la figura dentro del código de faltas que establece la concesión de una absolución por las consideraciones del caso y las características del imputado. No se lo concedió y dio curso a la resolución de la causa.

 

«Yo no voy a pagar por algo que no hice, tampoco voy a trabajar gratis para este Estado corrupto así que le voy a devolver un poquitito de lo que ellos me dan porque acepté los diez días de arresto», dijo

Antes, según el relato del abogado, le dio la posibilidad de redimir los días de prisión con una multa de 26 mil pesos. El médico se negó. La jueza le propuso, en cambio, purgar su pena con trabajos comunitarios. Lo volvió a rechazar.

 

“Nunca la he visto a la jueza. No he tenido el placer de conocerla jamás. Fui un par de veces para tratar de explicarle que yo no cometí ningún delito, que no es ilegal andar dentro de mi vehículo, como dentro de mi casa, sin barbijo”, expresó el acusado en una entrevista realizada por Radio Parque.

Palacio decidió no pagar la multa ni someterse a trabajos comunitarios. No acepta el fallo y se declara en inocencia. No quiere reconocer su culpabilidad aceptando las ofertas de la jueza. “Yo no voy a pagar por algo que no hice, tampoco voy a trabajar gratis para este Estado corrupto así que le voy a devolver un poquitito de lo que ellos me dan porque acepté los diez días de arresto”, confesó.

 

 

El mediodía del martes 20 de abril fue trasladado a la subcomisaría del barrio Antenor Gauna, una humilde dependencia ubicada en una calle de tierra sobre la periferia de Formosa Capital. Le asignaron una celda de ese establecimiento por la cercanía con el lugar del hecho. Cumplirá la totalidad de su condena el último día del mes.

 

 Ayer mismo inició una huelga de hambre: no come nada sólido en protesta por esta medida arbitraria. “Es una persona de 62 años, diabética e hipertensa. Tiene y tuvo una posición muy crítica contra el gobierno a través de sus redes sociales. Creemos que es una pena dirigida: una de las razones por las que este expediente llegó a su fin es su posición política. 

 

En el expediente solo hay dos pruebas: la declaración testimonial del oficial y una captura de pantalla de su Facebook donde expresa su descontento por la arbitrariedad por la cual se maneja la provincia de Formosa”, expresó Montoya, quien conforma un equipo jurídico que estuvo litigando y luchando por las medidas restrictivas, por los varados, por los centros de aislamiento en Formosa.

 

Advertido por esta condena, se puso a su disposición y el médico aceptó su ayuda como letrado.

 

Se encontraba manifestando en la puerta de la subcomisaría junto con otros dirigentes sociales y referentes de las marchas que se suscitaron en la capital de la provincia en contra de las disposiciones restrictivas de las autoridades gubernamentales. “Recién pude comunicarme con él -acreditó Montoya-.

 

Está bien. Está incomunicado, solamente le permiten usar dos veces por día un celular que le da la policía, no le permitieron usar el propio que él necesito porque muchos de sus pacientes le consultan las prácticas por Whatsapp”.

 

 

El abogado y concejal reparó en un punto del expediente. A Vicente Palacio le labraron un acta de infracción por el decreto de necesidad y urgencia 297/20 que entró en vigencia el 20 de marzo de 2020, el primer día del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la hora cero de la cuarentena.

 

“Pero el 8 de agosto no regía el ASPO, sino el decreto 641/20”, advirtió Montoya. En Formosa, por aquel entonces, estaba en rigor el distanciamiento social, preventivo y obligatorio: DISPO.

 

 

La norma dice: “Durante la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional”.

 

“La jueza de faltas lo imputa por incumplir un DNU anterior, el que establecía el ASPO con medidas mucho más restrictivas”, dijo el abogado y agregó que hay expertos que aseguran que en un vehículo particular no es necesaria la utilización del barbijo.

 

 

“Es una situación absurda y absolutamente evitable -expresó el abogado-. Es un personal médico de la salud que atiende gratis ancianos y que en medio de la pandemia y la crisis sanitaria nos podemos darnos el lujo de detenerlo 10 días por no llevar barbijo dentro del auto.

 

Con sentido común y con criterio, esta situación debería ser revisada”. El viernes 30 de abril en horas del mediodía Vicente Antonio Palacio recuperará su libertad y volverá a sus tareas como médico clínico.

 

Fuente: Infobae

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