Un juez federal ordenó que el gobierno nacional compense a las empresas de transporte de larga distancia por el déficit de 27 mil millones de pesos que acumulan desde 2016 luego de que dejaran de recibir subsidios.
El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa hizo lugar al pedido de una veintena de empresas de micros de larga distancia y dejó sin efecto una resolución del Ministerio de Transporte durante la gestión de Mauricio Macri que había revocado los subsidios que las compañías recibían desde 2013 tanto para los pasajeros como para los empleados.
El magistrado explicó, en una resolución que dictó el 26 de enero durante la feria judicial y que se conoció este lunes, que los subsidios fueron revocados sin cumplir con el procedimiento legal: “En efecto, el Ministerio demandado estaba obligado a realizar un informe y/o un estudio en conjunto con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)”, explicó el juez Correa, y que al no hacerlo “actuó de modo irrazonable, toda vez que no realizó un relevamiento del servicio para adecuar de modo progresivo el servicio público –sin afectar los puestos de trabajo y a los consumidores–”.
El juez Correa le dio 10 días al Ministerio de Transporte de Mario Meoni para que “establezca el mecanismo compensatorio que considere más conveniente para equilibrar de manera eficiente y eficaz el déficit económico”. El gobierno de Alberto Fernández puede apelar para que la decisión sea revisada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El magistrado explicó que el transporte de larga distancia es un “servicio esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado nacional debe asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria y uniforme, en igualdad de condiciones para todos los usuarios” que desde el 2016 acumula un déficit –según un peritaje oficial que se hizo en la causa– de 27.320 millones de pesos y que se vio agravado con la pandemia del coronavirus.
Ese año 21 empresas de transporte de larga distancia, entre ellas La Veloz del Norte SA, Pullman General Belgrano, Costera Criolla, El Cóndor y Trasporte Sierra de Córdoba, se presentaron en la Justicia y pidieron la nulidad de la decisión de dejar sin efecto los subsidios. Explicaron que sin la ayuda del Estado su operatoria no se sostenía y que eran el único medio de transporte que llegaba a muchas ciudades o localidades del país y que le permitía viajar a gente que no contaba con recursos para costear un pasaje en avión o no cuenta con un auto.
Las compañías señalaron que la situación económica del sector se agravó con la crisis sanitaria del coronarivus y pidieron que se dicten tres medidas: que se suspenda la Resolución Nº 53/2017 del Ministerio de Transporte y se mantenga vigente el esquema de compensaciones de 2013, que se les paguen los subsidios pendientes desde 2017 más los intereses, y que en el futuro se pague mensualmente el subsidio fijado en 2013.
Sobre la crisis del sector durante la pandemia, el peritaje detalló que durante los primeros meses de las medidas sanitarias las empresas no dieron servicio y que con la ayuda del Estado a través de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y del Fondo de Emergencia los ingresos de las empresas que iniciaron la causa judicial “no lograron cubrir la totalidad de los costos incurridos para asegurar su subsistencia y afrontar las obligaciones laborales”. Diecisiete de esas empresas están en convocatoria de acreedores.
El juez dejó sin efecto la resolución dictada por el gobierno de Macri y le ordenó al Ministerio de Transporte que en 10 días “establezca el mecanismo compensatorio que considere más conveniente para equilibrar de manera eficiente y eficaz el déficit económico causado a las empresas actoras según lo determinado por los informes periciales producidos”.