La Comunidad El Pocito de Capioví denuncia hostigamiento, daños y amenazas en medio de un conflicto territorial con un vecino. Reclaman acción urgente del Estado.
El conflicto territorial que enfrenta a la Comunidad Mbya El Pocito, de Capioví, con el vecino Javier Strieder suma nuevos capítulos de violencia y hostigamiento. Pese a la reunión del 4 de agosto en la que se intentó abrir una instancia de diálogo, la tensión se profundizó en los últimos días.
El mburuvicha segundo, Crispín Benítez, denunció que Strieder avanzó con alambrados, portones y el ingreso de ganado en los lotes en disputa, provocando daños en cultivos y en el monte que la comunidad considera vital para su vida cultural y alimentaria.
El fin de semana, la situación escaló: aparecieron cruces de madera y figuras hechas con sal en los senderos, interpretadas por la comunidad como actos de intimidación y amenazas directas. Según relataron, la denuncia no fue tomada de inmediato por la Policía y recién se constató el hecho dos días después.
Además, Strieder comenzó la cosecha de yerba mate acordada en el acta de la última reunión, pero en el proceso destruyó plantas de mandarina que habían sido cultivadas hace décadas por familias de la comunidad. “Nuestros abuelos habían plantado esas mandarinas. Eso demuestra que estábamos acá mucho antes que él”, expresó Benítez.
Ante los daños y amenazas, la comunidad presentó una denuncia formal. Sin embargo, también recibieron una contradenuncia por parte de Strieder. “No quiere dialogar, se siente con poder porque tiene título y cree que puede hacer lo que quiera”, señalaron.
Frente a este escenario, Benítez exigió la intervención del Estado provincial: “Nosotros tenemos carpeta técnica de nuestro territorio relevado. Ocupamos este espacio ancestralmente. Esperamos que la Provincia garantice un diálogo real y ponga un freno a esta violencia”.
El dirigente comunitario denunció además amenazas de muerte: “La gente anda con miedo, él nos amenaza a todos. No sé por qué nos tiene tanto odio. Pero hablamos mucho en la comunidad de que no hay que tener miedo, vamos a seguir luchando por lo nuestro”, afirmó.
El caso deja en evidencia la falta de respuestas concretas de las autoridades provinciales para proteger los derechos del pueblo Mbya. Cada día sin acción aumenta el riesgo de que el conflicto escale, mientras la comunidad denuncia que Strieder utiliza la violencia y la prepotencia para imponer su voluntad sobre un territorio que consideran ancestral.
