Los números todavía no anticipan la masividad de la que hablaban las agrupaciones que representan a los locatarios, pero hay preocupación en los juzgados por la acumulación de demandas sin resolver
Hace apenas una semana volvieron los desalojos tras estar un año suspendidos y ya hay preocupación en los juzgados por la acumulación de demandas sin resolver. Solo entre febrero y marzo, y mientras todavía regía el decreto que los prohibía, se acumularon 366 demandas en la Ciudad de Buenos Aires, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Los números se completan con 1.745 demandas por desalojo iniciadas en 2020, cuando los tribunales trabajaron a media máquina por cierres por la pandemia. En 2019, el número era de 3.297.
Las causas del desalojo, en los expedientes de estos dos meses del año 2021, refieren en mayor medida a falta de pago; luego le siguen desalojos por vencimiento de contrato, explican en el CELS.
En los juzgados hoy se acumulan tanto las demandas iniciadas en 2021 como las que quedaron pendientes de resolución desde antes de la pandemia. Hay cierta preocupación por la acumulación de procedimientos, señalan abogados enfocados en vivienda, pero todavía resta ver qué sucede hacia adelante, ya que hace una semana que venció el decreto.
Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial, dijo que no prevé “una ola de desalojos”, tal como mencionan algunas agrupaciones de inquilinos. Este martes se conoció una resolución que dio más detalles respecto del “protocolo de alerta temprana” que armó el Gobierno para recolectar datos sobre mediaciones y sentencias judiciales a personas que incumplieron sus contratos de alquiler.
El registro, entonces, tendrá información personal de los inquilinos, datos sobre su composición del grupo familiar, sobre el plazo de vigencia de la locación, el cánon locativo, monto y frecuencia de las actualizaciones, entre otros. Además, incluirá especificaciones sobre la localización, características y condiciones edilicias del inmueble que habitan.
Las estadísticas sobre desalojos a nivel nacional son difíciles de obtener porque dependen de juzgados y de las herramientas de mediación que cada ministerio u organismo provincial ponga a disposición de sus ciudadanos. Es por eso que el Gobierno no tiene estimado un número de inquilinos “en peligro” y quiere ampliar su conocimiento sobre el estado de situación.
Al mismo tiempo, el funcionario apuntó que las mediaciones, una instancia previa al juicio que es obligatoria desde que venció el decreto de prohibición de desalojos, están “completamente activas” y que son gratuitas para el caso en el que los alquileres no superen los $45.000 mensuales. En otros casos, son instancias de negociación privada entre el propietario y el inquilino.
Scatolini señaló además que el Gobierno trabaja en un protocolo para vincular el financiamiento estatal de viviendas con los grupos más vulnerables, como los hogares monoparentales o los de adultos mayores, para que se puedan establecer cupos de acceso en caso de que haya riesgo de desalojo. Es decir, la intención es facilitar que ese stock de viviendas esté disponible para quienes más lo necesitarían.
La preocupación entre los grupos de inquilinos no cesa. Inquilinos Agrupados presentó esta semana una medida cautelar para frenar los desalojos y espera que avance en la Justicia. La institución asegura que solo en 45 días de 2020, entre agosto y septiembre, se iniciaron 2.150 demandas, según datos que le compartió el fuero Civil.
Los juicios de desalojo pueden tardar entre seis meses y un año y medio, dependiendo de las instancias que tengan y de si hay mediación previa (un paso ahora obligatorio). Son un problema de larga data en la Argentina. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre 2013 y 2019 hubo 15.224 juicios iniciados en la Capital. Los datos que recopiló el programa “DEsC DGN” de la institución sobre la base de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dan cuenta de un pico de demandas en 2019, cuando crecieron casi un 40% con respecto al año anterior y un 46% con respecto a 2013.
Cabe aclarar que no todos los juicios de desalojo terminan efectivamente en un desalojo. Lo que sucede muchas veces es que los propietarios terminan “arreglando” con un inquilino para ahorrarse los costos económicos (y de tiempos) que conlleva un proceso en los tribunales. Si logran llegar a un acuerdo en una instancia extrajudicial, el locatario puede volver a alquilar en cuestión de días. De otra manera, se vuelve más engorroso.
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