La investigación sigue adelante y el fiscal comentó que los rastrillajes están siendo claves para llegar a la verdad, como también algunos testimonios que podrían ayudar a resolver el caso.

 

 

 

 

 

A 13 años de la desaparición de María Cash, un detallado examen del caso llevó a los investigadores de vuelta al inicio del asunto: el último contacto confirmado que tuvo la diseñadora de ropa de Villa Crespo, el 8 de julio de 2011, en el punto de las rutas 9/34 y 16, desde la rotonda de Torzalito, donde hacía dedo, hasta la zona de Joaquín V. González.

 

 

 

 

 

A ese lugar se dirigía el camionero Héctor Romero, que ahora está acusado por el asesinato de Cash, quien debía entregar la carga que llevaba cuando recogió a la joven de, en ese momento, 29 años.

 

 

 

 

 

Luego de la acusación del camionero, la investigación se enfocó en encontrar el cuerpo de María. El miércoles pasado comenzaron las búsquedas y los agentes encargados de hallar el cuerpo de la diseñadora se ubicaron en las rutas 9 y 16, en las localidades de El Galpón y Boquerón.

 

 

 

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La búsqueda cubrió alrededor de 40 kilómetros de la ruta que Romero solía tomar al llevar la carga al supermercado “Miguelito”. En ese sentido, el fiscal a cargo del caso, Eduardo Villalba, afirmó en una entrevista con El Tribuno: “Volvimos con un dato importante para poder avanzar”. Y añadió que se trata de “un dato específico que ahora debemos estudiar y analizar”.

 

 

 

 

 

 

 

Villalba explicó, al mismo tiempo, que una persona que no había estado en contacto anteriormente con el caso, dio un testimonio “muy confiable” que coincide con evidencias encontradas por los perros entrenados.

 

 

 

 

 

 

Al respecto, el representante del Ministerio Público adelantó, sin ofrecer más detalles, que “se trata del testimonio de un descubrimiento que hizo una persona del lugar, que no tiene ninguna contaminación de nada” y subrayó que la información será añadida al expediente y se le pedirá a la jueza “que nos permita un nuevo rastrillaje, que ya lo haríamos con nuestra gente del CIF”.

 

 

 

 

 

 

Mientras esta semana prosiguen los rastrillajes, Villalba seguirá revisando testimonios e ideas. Se espera, además, que en los próximos días se realice una inspección visual en la que el camionero deberá explicarle a los investigadores cómo y en qué punto preciso de la gruta de la Difunta Correa dejó a María Cash, según su relato, antes de desaparecer.

 

 

 

 

 

“Hay razones para ser optimista. Creemos que Romero podría romper el pacto de silencio que ha mantenido hasta ahora”, comentó Villalba.

 

 

 

Sobre esto último, varios testigos volverán a dar su testimonio. Dos de ellos son Andrés Reyes y Jesús Brito, empleados de una estación de servicio que han dicho haber visto a la joven en 2011.

 

 

 

 

Reyes comentó haber visto a una mujer que parecía perdida en la ruta 34, cerca de la rotonda de Torzalito, que golpeaba las puertas de los camiones. Aunque el hombre se acercó, esa joven le dijo que “estaba bien”. Por su parte, Brito señaló que vio a Cash haciendo dedo sobre la ruta y que llevaba un saquito y una mochila.

 

 

 

 

 

 

Ante los rumores que han surgido en los últimos días, incluido el hallazgo de un cráneo que luego se confirmó que no era humano, el fiscal comentó que habló con la familia de María Cash y “le dije que, si encontraban restos, en segundos les iba a avisar para no crear falsas expectativas” afirmó.

 

 

 

 

 

Las búsquedas realizadas tuvieron lugar en áreas boscosas y con mucha vegetación que, junto con las malas condiciones climáticas, hicieron que las tareas fueran complicadas. A esto se suman los accidentes geográficos que impidieron la llegada de los investigadores a algunas zonas.

 

 

 

Además de considerar el testimonio, la búsqueda también se llevó a cabo en base a la información de geolocalización de las torres de telefonía relacionadas con el celular del camionero que vio a María por última vez con vida. En la operación de búsqueda participaron voluntarios de Bomberos y de la Provincia, la Policía de Salta, la Policía Federal, Gendarmería, el Servicio Penitenciario, investigadores especializados del CIF, el Ejército, intendencias y miembros del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu).

 

 

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