Ahora la justicia investiga el caso de la criptomoneda Libra, enfocándose en las conversaciones que el presidente Javier Milei y otros altos cargos del gobierno nacional sostuvieron con empresas relacionadas con el desarrollo del token Libra.
En este escenario, el fiscal Eduardo Taiano, responsable de la instrucción del caso, pidió acciones para aclarar el nivel de implicación de varios participantes en los sucesos en investigación.
De acuerdo con fuentes judiciales, entre las medidas necesarias, se solicitó registrar la página web del Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del Ministerio del Interior, el lugar donde se deben documentar las reuniones oficiales de todos los empleados del gabinete.
La justicia busca investigar todos los detalles de reuniones oficiales que Milei o cualquier funcionario del gobierno actual haya mantenido con Mauricio Gaspar Novelli (trader financiero), Manuel Terrones Godoy (empresario), Sergio Daniel Morales (asesor de la Comisión Nacional de Valores), Julian Peh (CEO de KIP Protocol) y Hayden Mark Davis (CEO de Kalsier Ventures).
Novelli está en la mira del Tech Foro que convocó en octubre pasado, donde Milei mantuvo una reunión con diversos implicados en el caso Libra. Godoy colabora con Novelli en esta iniciativa empresarial. En cuanto a Peh, quien también se reunió con el Presidente, proporcionó la infraestructura para la puesta en marcha de Libra, propiedad de Hayden Mark Davis.
El objetivo es recopilar datos que permitan establecer por qué el Presidente se encontró o mantuvo relaciones con estos empresarios, qué se discutió en dichas reuniones y si se alcanzaron acuerdos específicos.
En la solicitud del fiscal Taiano, se precisa que es necesario “debida constancia de los resultados obtenidos de esas búsquedas” para establecer el motivo de tales reuniones.
El objetivo de la investigación es determinar qué nivel de implicación tuvieron Milei y los empresarios mencionados en la supuesta comisión de delitos. Según el informe del fiscal Taiano, los sucesos podrían clasificarse bajo las categorías delictivas de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.
A la vez que se realiza la investigación en Comodoro Py, la Oficina Anticorrupción (OA) ya comenzó su propio estudio para establecer si el Presidente violó la ley de Ética Pública. Allí también se centrará la atención en las reuniones que el mandatario mantuvo.
La semana anterior, Taiano, quien fue designado para investigar el escándalo cripto por la jueza María Servini, ya había solicitado las primeras evidencias y, en ese sentido, convocó a un grupo experto en ciberdelincuencia.