La iniciativa fue presentada en la Legislatura bonaerense tras las polémicas derivadas del Mundial. Busca qué no residentes paguen por la atención programada en hospitales y la cursada en universidades provinciales. La Casa Rosada evalúa llevar la discusión al plano nacional.
El debate alrededor de la gratuidad de los servicios públicos para ciudadanos de otros países volvió al centro de la escena política en la provincia de Buenos Aires.
En las últimas horas, la bancada oficialista de La Libertad Avanza (LLA) formalizó la presentación de un proyecto de ley que propone establecer un régimen de arancelamiento en la atención sanitaria y la educación superior para extranjeros que no cuenten con residencia permanente.
La iniciativa, impulsada por el legislador provincial Agustín Romo, apunta a arancelar las prestaciones de salud en hospitales dependientes de la provincia y las carreras de grado en casas de altos estudios provinciales.
El texto aclara que, en el ámbito sanitario, se garantizará de manera plena la atención en situaciones de urgencia o emergencia con riesgo de vida, postergando el cobro o la gestión ante seguros de salud para una etapa posterior a la estabilización del paciente.
Alcances en CABA y el panorama en la Nación
El planteo bonaerense se suma a una iniciativa de similares características impulsada meses atrás por la legisladora Pilar Ramírez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enfocada en el recupero de gastos del sistema de salud porteño a través de la exigencia de seguros de asistencia al viajero o convenios de reciprocidad.
En el plano nacional, si bien la administración central promulgó el año pasado resoluciones orientadas a habilitar el cobro a universidades y centros de salud bajo su órbita, desde las carteras de Capital Humano y Salud explicaron que para su instrumentación efectiva en organismos federales o rectores autónomos se requiere de una modificación formal a la Ley de Migraciones.
Desde el sector universitario y de salud de la provincia de Buenos Aires han señalado históricamente que el porcentaje de usuarios sin residencia permanente en consultorios e internaciones representa una franja minoritaria sobre el total de la demanda del sistema público.
