El presidente anticipó que si los senadores aprueban el aumento del 7,2% y el bono de $110 mil, vetará la ley, pero necesita sostener el veto en el congreso, algo que parece complicarse para el oficialismo.
Hasta hace unos meses, el Gobierno nacional tenía el acompañamiento de los gobernadores y los denominados “dialoguistas”, sobre todo el diputado, para aprobar leyes, sostener vetos y rechazar iniciativas de la oposición. Pero al entrar a un escenario electoral y en medio de una nueva pelea por la baja de la coparticipación y los transferencias discrecionales, la buena relación entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados parece enfriarse.
Después de la sesión de ayer, donde la oposición logró el quórum y la aprobación del aumento a las jubilaciones y la restitución de la moratoria, hay preocupación entre las filas libertarias. Es que varios diputados que responden directamente a los gobernadores, que venían acompañando y votando con el oficialismo, «se pasaron al otro lado».
A pesar de las negociaciones a contrarreloj de Martin Menem y otros diputados de LLA, no pudieron impedir que la sesión obtuviera el quórum, y finalmente en tratamiento se dio en el recinto.
Algunos libertarios dicen que esto sucede porque estamos en una época electoral y “LLA está construyendo en todo el país y eso incomoda”, por otro lado, otras voces dicen que los gobernadores presionan a Milei por más fondos y obra pública, y también quieren dejar en claro que “el gobierno los necesita”.
El veto y los riesgos para el gobierno que la ley no se caiga
Apenas diputados aprobaron el proyecto dando media sanción a la ley, el Presidente Javier Milei se expresó en las redes, y ratificó que vetará la ley si es aprobada en senadores.
“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”, manifestó Milei mediante su cuenta de X.
Pero con el alejamiento de algunos gobernadores, el Gobierno teme no poder sostener el veto en diputados, tal como lo hizo con el anterior aumento a los jubilados y el financiamiento para las universidades.
Por otro lado, al estar en un año electoral y con las elecciones al rojo vivo en distintas provincias, los gobernadores no quieren cargar con el enorme costo político de vetar una ley que beneficia a los jubilados, uno de los sectores que mas la está pasando mal.
Tras el veto del presidente, la ley debe volver a la cámara y los diputados deben ratificar la eliminación de la legislación.
“Veo que va a ser difícil sostener el veto, en algunos temas, como el aumento de jubilaciones, estuvimos lejos de los 87. Pero evidentemente, si no podemos sostener el veto, las provincias van a tener que recibir menos”, afirmó un legislador libertario.
Esta parece ser la nueva intención de Casa Rosada. Si los diputados no sostienen el veto a la reforma jubilatoria, el Gobierno piensa llevar más a fondo la motosierra y recortar más fondo de las provincias, para destinarlo al aumento y el bono de para los jubilados que fue aprobado por diputados.