La imputada de 30 años abandonó las salas de internación del Hospital Madariaga de Posadas, donde se recuperaba de sus heridas. Por orden del juez, quedó alojada en una comisaría a la espera de su declaración indagatoria. Mientras tanto, se suman peritajes forenses, testimonios vecinales y denuncias previas para reconstruir la trágica secuencia.
La investigación judicial en torno al estremecedor suceso registrado en el barrio Nueva Ciudad del Este sumó un avance crucial en las últimas horas. La mujer señalada como principal responsable de la muerte de su hijo de 8 años experimentó una notable mejoría física, recibió el alta en el nosocomio donde se encontraba bajo estricta vigilancia y fue trasladada de inmediato hacia una dependencia policial de la zona, donde aguarda el momento de verse cara a cara con las autoridades del juzgado.
La sospechosa permanecía internada en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Posadas recuperándose de una serie de lesiones autoinfligidas tras el hecho, bajo un cuadro de sedación y shock que impedía su traslado.
Sin embargo, tras la firma del alta por parte del cuerpo médico del establecimiento de salud capitalino, las comisiones policiales procedieron a retirarla bajo un fuerte dispositivo de seguridad para alojarla de forma preventiva en una celda a disposición de la Justicia de Instrucción. En dicho recinto permanecerá incomunicada hasta que sea citada formalmente para prestar declaración indagatoria.
En paralelo, los sabuesos de la fuerza provincial y el personal forense continúan reuniendo elementos probatorios de peso. Entre las principales diligencias, se trabaja en el análisis definitivo de la autopsia médico-legal practicada al cuerpo del menor para determinar con certeza las causales del deceso.
También se sumaron de manera formal los antecedentes por desmanes que la mujer registraba en la comisaría de Loreto, donde había estado demorada tiempo atrás tras protagonizar un violento ataque contra su pareja y agredir físicamente a una oficial de policía.
A la par de estos registros, cobró enorme relevancia para el expediente el testimonio de María Itatí Olmedo, tía de la víctima, quien brindó un crudo relato sobre el día a día en la vivienda de Santa Ana. Olmedo describió un contexto de maltrato habitual con cintos y palos hacia los chicos, una rígida política de aislamiento que les impedía salir a jugar al patio, y el abandono de un tratamiento psiquiátrico con inyecciones que la implicada debía realizar de forma obligatoria.
La principal línea investigativa apunta a que la sospechosa pudo haber sufrido un episodio psicótico al momento del hecho, sospecha que deberá ser ratificada o descartada por el gabinete de psicólogos y psiquiatras forenses del Poder Judicial.
Estos exámenes profesionales resultarán indispensables para que el magistrado resuelva el destino procesal de la acusada: si es declarada imputable y permanece tras las rejas de una comisaría, o si se ordena su derivación definitiva a un neuropsiquiátrico.
Por su parte, las otras dos hijas de la detenida, de 15 y 10 años, continúan bajo el cuidado temporal de su tía bajo la supervisión de las áreas de niñez.
