dnu acuerdo fondo

 

 

El informe técnico del staff detalla las fechas clave pactadas por el Ejecutivo. Incluye el Presupuesto 2027 con déficit cero, cambios impositivos en diciembre y la reforma previsional.

 

 

 

 

La reciente difusión del reporte técnico del staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó al descubierto la hoja de ruta regulatoria y fiscal que la administración de Javier Milei se comprometió a ejecutar en el mediano plazo.

 

 

 

 

El documento detalla un cronograma estricto con fechas límite específicas que abarcan desde la reestructuración de los sistemas de control impositivo hasta una profunda revisión del esquema previsional, todo bajo la premisa de consolidar el recorte del gasto público y avanzar en reformas de carácter estructural.

 

 

 

 

 

Las metas acordadas convivirán con el proceso de quita de subsidios energéticos bajo el nuevo esquema unificado y la continuidad de la asistencia social focalizada. A continuación, el detalle del calendario técnico que el Gobierno deberá convalidar ante el organismo multilateral:

 

 

 

Junio 2026: Control informático integrado

 

 

 

Al cierre del próximo mes, el Poder Ejecutivo pondrá en operaciones un sistema informático unificado. Esta herramienta tecnológica permitirá al Ministerio de Economía acceder de manera directa a indicadores de administración tributaria agregados y anonimizados producidos por la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA). El objetivo de la medida es fortalecer el seguimiento de la recaudación fiscal y optimizar el diseño de las políticas públicas sin vulnerar el secreto fiscal de los contribuyentes.

 

 

 

 

 

Septiembre 2026: Presupuesto con déficit cero y transición NIIF

 

 

 

Para el cierre del tercer trimestre, las autoridades económicas locales deberán cumplir con dos compromisos centrales:

 

 

 

  • Presupuesto 2027: Presentación ante el Congreso de la Nación del proyecto de ley de gastos y recursos para el próximo ejercicio. El texto deberá incluir por definición la regla de déficit presupuestario global cero, un marco fiscal a mediano plazo, una declaración formal de riesgo fiscal y proyecciones ante escenarios financieros adversos.
  • Modernización financiera: Envío al FMI de un plan de transición detallado para la adopción e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

 

 

 

 

Diciembre 2026: Reforma tributaria y lavado de dinero

 

 

 

 

 

El último mes del año concentra la mayor densidad de exigencias técnicas por parte del organismo de crédito:

  1. Propuesta impositiva: Elaboración y presentación ante el staff del FMI de las bases para la siguiente fase de la reforma tributaria, orientada a simplificar el sistema mediante la racionalización de los gastos tributarios y la eliminación gradual de gravámenes considerados distorsivos para el comercio y las transacciones financieras.
  2. Responsabilidad fiscal: Remisión de un plan integral para reformar la legislación vigente en materia de responsabilidad fiscal.
  3. Auditoría de cumplimiento: Creación de un registro de riesgos de cumplimiento tributario, con la obligación de evaluar formalmente un mínimo de seis focos de vulnerabilidad detectados.
  4. Antilavado: Implementación efectiva de tres de las seis recomendaciones prioritarias contenidas en la hoja de ruta de reformas del informe de asistencia técnica del FMI contra el lavado de dinero.

 

 

 

Cierre de 2027: Revisión del sistema previsional

 

 

 

 

 

 

Hacia fines del próximo año, el compromiso asumido por las autoridades argentinas estipula la presentación formal ante el Congreso de un informe de diagnóstico que contenga las opciones de revisión para modificar el sistema de pensiones.

 

 

 

Según la documentación técnica del Fondo, la iniciativa legislativa apuntará a simplificar un esquema querefor actualmente se encuentra altamente fragmentado, buscando mejorar la correlación entre los aportes históricos de los trabajadores y las prestaciones efectivamente percibidas, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la caja previsional a largo plazo.