La Justicia condenó a Mónica Gurina y Leandro Sánchez por el acampe docente de 2024. Recibieron penas en suspenso y tareas comunitarias. Gremios repudian el fallo.
La jueza Marcela Leiva dictó este miércoles un fallo que impactó de lleno en el ámbito gremial docente de Misiones: los dirigentes de la CTA Autónoma, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, fueron condenados por su participación en el acampe docente realizado sobre la avenida Uruguay de Posadas durante 2024.
Tras casi dos horas de espera luego de los alegatos finales, el secretario del Juzgado procedió a la lectura de la sentencia. Gurina recibió 10 meses de prisión en suspenso, mientras que Sánchez fue condenado a 8 meses en la misma modalidad, además de la obligación de realizar tareas comunitarias.
La decisión judicial se conoció después de que la defensa solicitara la absolución de ambos y la fiscal, María Laura Álvarez, pidiera condenas levemente superiores: un año para Gurina y diez meses para Sánchez.
La resolución generó un rechazo inmediato entre las organizaciones sociales y sindicales que acompañaron a los acusados. En respuesta, los gremios docentes no oficialistas convocaron a un paro de 24 horas con asambleas zonales para este jueves 27 de noviembre, y anunciaron una movilización al Palacio de Justicia el lunes 1 de diciembre, cuando se darán a conocer los fundamentos del fallo.
Entre quienes siguieron el debate llamó la atención la debilidad de la prueba fiscal, según señalaron observadores del proceso. Ninguno de los testigos convocados —en su mayoría efectivos policiales— logró sostener la interpretación de los hechos presentada por la fiscalía. La acusación se apoyó principalmente en atribuir a los dirigentes un rol de conducción absoluta sobre las protestas de 2024, algo que la defensa calificó como una sobreinterpretación sin sustento.
Otro punto cuestionado fue la lectura restrictiva del derecho a la protesta, que según sostuvieron representantes gremiales y organismos acompañantes, debería tener prevalencia frente a otros derechos individuales cuando se trata de reclamos colectivos y pacíficos.
Tras conocerse la condena, la defensa adelantó que apelará el fallo ante todas las instancias judiciales nacionales e internacionales que correspondan. El caso, que ya despertó un amplio debate social, promete seguir su recorrido legal en los próximos meses.
