La Cámara Alta sesiona desde esta tarde para discutir cambios en el régimen de tenencia de tierras, alquileres y manejo del fuego.
Una jornada decisiva se lleva adelante en la Cámara de Senadores para tratar el proyecto enfocado en la propiedad privada. Tras la reanudación del debate, los legisladores aborda un texto modificado que busca reformar los procedimientos ante ocupaciones, actualizar las normativas sobre incendios rurales y fijar nuevos criterios para las indemnizaciones estatales.
Polémica por la participación remota y cruces de inicio
La sesión arrancó a las 14:25 en medio de discusiones reglamentarias. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, solicitó que la comisión de Asuntos Constitucionales analice primero los proyectos para habilitar el voto a distancia, impidiendo que los senadores Anabel Fernández Sagasti (quien cursa el octavo mes de embarazo) y Flavio Fama (recientemente operado de una rodilla) puedan participar de manera remota durante esta jornada. Aunque la vicepresidenta Victoria Villarruel había autorizado previamente los pedidos condicionados a la decisión del cuerpo, la postura oficialista bloqueó la opción hasta que se reglamente.
Durante el inicio de la sesión también se registraron cruces políticos: el senador libertario Joaquín Benegas Lynch rechazó una impugnación de la senadora peronista Juliana Di Tullio respecto a sus actividades privadas, mientras que el senador José Mayans cuestionó declaraciones del presidente Javier Milei sobre su par de Brasil, Lula Da Silva, cruce que fue respondido en el recinto por Bullrich.
El esquema de desocupación ante ocupaciones e incumplimientos de alquiler
El eje central del dictamen busca agilizar los trámites en propiedades usurpadas o en manos de tenedores precarios. En esos casos, los jueces podrán disponer la entrega inmediata del inmueble en un plazo máximo de 72 horas si el propietario acredita documentalmente su titularidad y presenta caución juratoria.
Para el caso de los inquilinos con deudas en sus contratos de alquiler, la norma fija que el propietario deberá enviar una notificación formal (al domicilio físico o correo electrónico declarado) otorgando un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar el pago. De persistir el incumplimiento, se podrá iniciar la demanda judicial, cuya desocupación se ejecutará en un plazo de 10 días hábiles. Asimismo, los locadores no podrán negarse a recibir las llaves, aunque mantendrán el derecho de reclamar deudas pendientes por escrito.
En situaciones donde existan menores o personas en situación de desamparo en el inmueble, el juez deberá dar participación obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, fijando un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria sin detener el proceso judicial.
Límites a expropiaciones y cambios en la Ley de Manejo del Fuego
En cuanto a las expropiaciones, la declaración de «utilidad pública» por parte del Estado será de interpretación restrictiva y requerirá fundamentación clara de los motivos. La indemnización por lucro cesante tendrá un tope del 30% y la tasa de interés a aplicar se calculará mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa a 30 días del Banco Nación. Además, se podrá solicitar dictamen al Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando existan diferencias sobre el valor a abonar.
Respecto al Manejo del Fuego, se deroga la prohibición de 30 años para cambiar el uso del suelo en superficies rurales, praderas y pastizales incendiados. En el caso de los bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambiar el destino del terreno, pero se elimina el plazo fijo de 60 años que regía hasta el momento.
Por último, el proyecto incorpora la opción de presentar documentación digital en los Registros de la Propiedad de todo el país y modifica la Ley Pierri de regularización dominial, permitiendo acceder a la escritura de vivienda única a familias que acrediten una posesión pública y pacífica durante los últimos 10 años.
