Tras cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el gobierno eliminará el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que gastó 1.907 millones de pesos en 2023.
El Ejecutivo eliminará su estructura actual y su Las agencias serán transferidas al Ministerio de Justicia. El Consejo Técnico de Javier Maile quiere avanzar en la supresión de las filas del Instituto por el enorme gasto que genera y avanzar en la reducción de la estructura de personal mediante auditorías.
El gobierno insiste en seguir cumpliendo con sus deberes y sólo se harán cambios estructurales. Lo mismo ocurre con el Instituto Nacional de las Juventudes (IJUVE), que ahora está bajo el área del Ministerio de Capital Humano y es uno de los sectores que el oficialismo también comenzará el desmantelamiento.
Federico Sturzenegger, el asesor presidencial Santiago Caputo, el vicejefe de Gabinete José “Cochi” Rolandi y el secretario de Legal y Técnica Javier Herrera Bravo ultiman la lista de todos los organismos que serán eliminados.
El INAI gastó $1907 millones en el 2023
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) gastó $1907,81 millones en 2023, según el porcentaje de lo ejecutado en el presupuesto abierto del Gobierno. La asignación inicial fue de $1324,47 millones, luego se elevó a $2357,35 millones y se terminó gastando el 80,93% de este monto.
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El gasto fijo mayor del INAI es en personal de $1.248,25 millones, mientras que $445.460.000 se destinaron a transferencias. En cuanto a servicios no personales, se asignaron $96.170.000 y $14.960.000 a activos fijos. Se gastaron $2.970.000 en consumibles.
De las transferencias, se asignaron $296.620.000 a organizaciones regionales y municipales para financiar gastos recurrentes y se movilizaron $50.420.000 para ser transferidos a organizaciones culturales y sociales y asociaciones sin fines de lucro. Se destinaron $56.030.000 a becas y $42.380.000 a la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
El Instituto cuenta con una junta de ordenamiento territorial y un registro nacional de comunidades indígenas, incluido un programa nacional de agrimensura para comunidades indígenas y registro y desarrollo de comunidades indígenas. Además, su plan incluye las áreas de afirmación de los derechos de los pueblos indígenas, y cuestiones técnicas legales y administrativas para el DTA.
Con la ampliación del presupuesto de 2024, se han asignado a la Autoridad $2.357,35 millones, de los cuales $205.260.000 se gastarán en personal y $3.520.000 en servicios no personales.
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El proceso de eliminación del INAI y las trabas legales
El INAI fue creado mediante la Ley de Asuntos Indígenas (23.302) de 1985. Se declaró de interés nacional la atención y apoyo a las comunidades indígenas y originarias del país y se le otorgó personería jurídica.
El artículo 5 fomenta la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con participación de los pueblos indígenas, dependiente directamente del Ministerio del Interior y luego transferida a la jurisdicción de Justicia.
El poder ejecutivo debe nombrar un líder con un consejo coordinador y un consejo asesor. El primer órgano debe incluir representantes de los Ministerios del Interior, Economía, Recursos Humanos y Justicia y un representante elegido por la comunidad indígena, además de miembros de cada provincia que adhieran a la ley.
El consejo asesor debe incluir representantes del Instituto Nacional del Socialismo y Economía Social (INAES), el Ministerio de Economía, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Secretaría de Asuntos Religiosos y la Comisión Nacional de Límites.
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Su función es “llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la inscripción de las comunidades que lo soliciten y resolver, en su caso, la cancelación de la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales y prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites”.
Además, debe elaborar e implementar planes de adjudicación y explotación de las tierras, de educación y de salud, a la par de proponer el presupuesto para la atención de los asuntos indígenas y asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y desarrollo de las comunidades indígenas del país. También, gestiona planes para la construcción de viviendas rurales y urbanas.
El abogado constitucionalista y director del Observatorio de la Calidad Institucional (OCI) de la Universidad Austral, Marcelo Bermolen, le dijo que el organismo no puede desaparecer a menos que se sancione por ley o se impulse en un decreto de Necesidad y Urgencia.
“Lo que puede hacer es mantener el instituto en su mínima expresión, es decir reducirlo todo lo que permite la ley, no asignar representantes y dejar vacantes los cargos. Sería vaciarlo de fundamento y cargos, de forma que se disuelva el organigrama”, manifestó.