El Gobierno envió hoy a la Cámara de Diputados un proyecto para reducir la edad de imputabilidad a 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil según el Código Penal, que fija la pena máxima en 20 años y elimina la prisión perpetua.
El oficialismo destacó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad porque “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.
El 28 de junio, el Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron que enviarían una iniciativa al congreso debido a los altos índices de criminalidad juvenil. Inclusive por menores de 16 años, edad punible para el sistema actual.
El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados y firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.
La iniciativa ahora deberá ser analizada por las Comisiones de Legislación Penal y Justicia, que presiden Laura Rodríguez Machado de PRO-Córdoba y Manuel Quintar de La Libertad Avanza de Jujuy, aunque esperan que no sea fácil ya que es un tema muy dividido en el Congreso
El proyecto establece un sistema penal que se aplica a jóvenes de entre 13 y 18 años cuando son acusados de cometer un acto tipificado como delito por el código penal.
El proyecto establece que no se podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo para menores de 16 años, 20 años de cárcel, aunque si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
En la plataforma del proyecto, el gobierno destaca “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.
“En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, añade.
El oficialismo destacó que “por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social».
Destacó que desde la entrada en vigor de la Ley Penal Juvenil, “nuestro mundo, nuestra realidad, los adolescentes, sus acciones y la comprensión de la criminalidad de sus acciones han sido testigos de grandes cambios, lo que hace urgente practicar una reforma jurídica acorde con la situación actual de los menores”. Los jóvenes, muchos de los cuales se han unido a bandas criminales, y las necesidades de la sociedad”.
Señala que a partir de la nueva ley penal juvenil “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales y con las necesidades de la sociedad”