A través de un decreto, desde hoy está prohibido colocar imágenes, símbolos y referencias a algún político o algún partido.
El Gobierno nacional puso en marcha un conjunto de acciones para quitar la propaganda política de los edificios públicos y para poner restricciones fuertes en el uso de recursos del Estado para «fines personales o partidarios». Esto se realizó mediante un decreto que se publicó este martes en el Boletín Oficial.
Esto representa otro paso que Javier Milei quiere dar en la «lucha cultural» contra la supuesta politización en las instituciones del Estado. La medida llega semanas después de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hiciera lo mismo en lo que llamó un «proceso de reordenamiento de espacios públicos».
El decreto 1084/2024, firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, establece una norma que busca asegurar la «neutralidad institucional» y prevenir el «culto a la personalidad» en los espacios y recursos del Estado.
Prohíben la propaganda política en edificios públicos: qué dice la norma
Se prohíbe de manera contundente colocar imágenes, símbolos o menciones que se consideren propaganda política o que exaltan figuras políticas en edificios, monumentos y otros bienes del Estado.
La norma prohíbe dar nombres a los bienes del Estado de personalidades políticas hasta que hayan pasado diez años desde su muerte y considera esta práctica como una falta grave a los principios republicanos.
«Prohíbese la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado Nacional», establece el artículo 1° del decreto.
«El fin que se pretende es dotar de mayor objetividad a las denominaciones o nomenclaturas y evitar que sufran los vaivenes propios de los cambios de gobierno, permitiendo de esa manera que el transcurso del tiempo y la objetividad que este brinda sea quien emita un juicio justo y equilibrado sobre las decisiones tomadas por los funcionarios», señala el texto.
Entre las reglas más importantes, también se menciona a los funcionarios. «Prohíbase a los funcionarios públicos, independientemente de su rango y modo de designación o contratación, utilizar recursos o bienes del dominio público o privado del Estado Nacional con la finalidad de promocionar, celebrar, conmemorar y homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal».
Además, el decreto permite a los ciudadanos informar sobre posibles infracciones sin costo alguno, a través de la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD). No seguir estas normativas será visto como una «violación grave» y podría resultar en responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales para los involucrados.