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En un informe especial, programa Periodismo para Todos reveló que la cámara de control de infracciones de tránsito, principal prestadora de servicios, radares y cámaras, está encabezada por personas que hasta 2019 estuvieron vinculadas al Estado.

 

 

 

La Cámara de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (CECAITRA) es la principal prestadora de servicios de software, cámaras y radares para fotomultas y control vial del Estado en todos sus niveles. Tiene contratos con municipios, provincias e incluso con organismos nacionales.

 

 

La principal ventaja de este negocio radica en que, además de los contratos, CECAITRA se queda con un porcentaje de la recaudación por las multas. En los papeles, aparece como una Asociación Civil sin fines de lucro, pero, en los hechos, genera ingresos por millones.

 

 

 

En mayo de 2020 el presidente de CECAITRA Bernardino García firmó un convenio macro de cooperación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En ese acuerdo, aparecen como partícipes el vicepresidente de la entidad, Mariano García (hijo de Bernardino) y el Director Interjurisdiccional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Martín El Tahham.

 

 

Quien firma en nombre de la Agencia es su director ejecutivo, Pablo Martínez Carignano.

 

 

 

El principal problema de ese contrato es que tanto El Tahham como Martínez Carignano tenían vínculos recientes con la cámara empresarial.

 

 

 

Según declaró ante la Oficina Anticorrupción, El Tahham fue empleado en relación de dependencia de CECAITRA hasta el 31 de diciembre de 2019, un mes antes de asumir su cargo en el organismo nacional. Al respecto, la OA identificó esa irregularidad y señaló que “debió abstenerse” de participar del acuerdo.

 

Convenio marco de cooperación entre CECAITRA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial

 

 

Martínez Carignano no fue empleado de CECAITRA, pero le facturó por servicios en reiteradas oportunidades, sobre todo en 2019. Era columnista especializado en seguridad vial en un programa radial y el auspicio que presentaba su intervención era precisamente de esa entidad.

 

En su curriculum, Carignano tiene un paso por el área de seguridad vial de la Ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2012, cuando Mauricio Macri era Jefe de Gobierno. Funcionarios de aquella gestión recuerdan que no terminó su vínculo con el macrismo de la mejor manera.

 

 

En 2014 pasó a formar parte de la empresa estatal Intercargo, que opera en los Aeropuertos locales como Aeroparque y Ezeiza. Quienes lo conocen de aquella época afirman que llegó a ese lugar a partir de un muy estrecho vínculo de amistad con Mariano Recalde, por entonces titular de Aerolineas Argentinas.

 

Convenio marco entre CECAITRA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Martínez Carignano y Reclade fueron juntos al Colegio Nacional de Buenos Aires y finalizaron sus estudios secundarios en 1990. De aquella promoción, aunque en otro curso, salió también el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

 

En 2014 el actual Director de la ANSV inauguró junto con su amigo Recalde el ArBus, un colectivo que se proponía como objetivo conectar a las terminales aéreas con el centro porteño. El servicio fue dado de baja en 2018 y el argumento oficial fue que generaba pérdidas por $20 millones anuales.

 

 

La ANSV también realizó una compra por más de 42 millones de pesos por radares con la firma Detectra SA, integrante de CECAITRA y presidida por Mariano García, el antes mencionado vicepresidente de la cámara.

 

 

 

Tanto esa contratación como el Convenio de Cooperación representan incompatibilidades en los deberes de funcionario público y, por lo tanto, faltas a la Ley 25.188 de Ética Pública. La norma establece que los funcionarios no pueden intervenir en cuestiones relacionadas con las personas o actividades con las que estuvieron relacionados en los últimos tres años.

 

 

 

No es la primera vez que se acusa a CECAITRA de esa conocida estrategia de políticos y empresarios argentinos: tener gente “de los dos lados del mostrador”. En 2020 la sede central de la institución, ubicada a la vera de la Autopista Panamericana a la altura de San Isidro, fue allanada por orden de la justicia federal de Morón.

 

 

La investigación que dio pie a esos procedimientos surgió por denuncias de contratos irregulares entre CECAITRA y la Unviersidad Tecnológica Nacional (UTN) para ofrecer servicios a distintos gobiernos municipales.

 

 

(Fuente: TodoNoticias)

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