medidas massa ahora

 

 

El Ministro de Economía se reunió con su equipo y definen nuevas medidas económicas. Algunas de ellas son bajar la tasa del Ahora 12, nuevos planes a deudas tributaria de la AFIP de hasta 84 cuotas

 

 

 

 

 

El paquete de medidas en respuesta al dato de inflación de abril anunciado este domingo por el Ministerio de Economía incluirá un impulso al consumo financiado en cuotas y una administración más exhaustiva del cambio, tanto de las operaciones internas como de las externas.

 

 

 

 

 

Estas son parte de las decisiones en las que trabajó el equipo económico este fin de semana y cuya principal fuerza de voluntad es un nuevo aumento de la tasa de interés, como forma de impactar sobre los depósitos a plazo fijo y las Leliq emitidas con ayuda del Banco Central.

 

 

 

 

Los otros componentes macro son una administración más meticulosa de los dólares financieros y la gestión de los fondos para reforzar las reservas.

 

 

 

 

 

Ante un valor nominal más alto mes a mes, que también puede asumir decisiones de consumo y llevarlas a plazos, el Gobierno buscará impulsar las compras bajo esta modalidad y para ello abaratará el plan Ahora 12 para el consumidor.

 

 

 

 

 

Según el Ministerio de Economía, a partir de mañana lunes, el precio de la financiación en doce pagos podría ser nueve factores porcentuales, inferior al actual, que es del 77,35% Tasa Nominal Anual (TNA), de acuerdo con los registros de la Secretaría de Estado de Comercio. Por lo tanto, el TNA será ahora de 68,35%.

 

 

 

 

Este descuento se aplicará a las mercancías de origen nacional incluidas en el programa de financiación. Las estadísticas actualizadas muestran que el plan Ahora 12 representa unos 5,8 millones de transacciones al mes, con un precio equivalente a 250.000 millones. «Es un beneficio concreto para comerciantes y agencias», mencionaron desde el Palacio de Hacienda.

 

 

 

 

 

El programa de compra a plazos contempla transacciones en sectores como telefonía móvil, electrodomésticos, ropa y calzado, accesorios, materiales de construcción, motocicletas, piezas de repuesto, libros y objetos de librería, juguetes, bicicletas, gafas y lentillas, iluminación, perfumería, turismo y servicios específicos que incluyen educación, asistencia no pública, mantenimiento, instalación de alarmas, agencia de ocasiones u ofertas funerarias.

 

 

 

 

Medidas de Alivio fiscal

 

 

 

 

Entre las medidas de estímulo para el trimestre destinadas a las micro, pequeñas y medianas empresas, economía pondrá en marcha un plan de alivio fiscal para las deudas vencidas a partir del 30 de abril.

 

 

 

El paquete de medidas incluirá planes de tasas para cancelar las responsabilidades fiscales y las contribuciones a la seguridad social vencidas por un importe de 456,063 millones.

 

 

 

 

 

La medida, se calculó que beneficiará a 656.121 contribuyentes, de los cuales casi la mitad (algo más del 48%) son Micro y Pequeñas Empresas, el 11,5% son Medianas Empresas y el 31,2% son Pequeños Contribuyentes y Monotributistas.

 

 

 

 

 

Las principales deudas a condonar son Contribuciones e Impuestos (37% de la condonación), Impuesto sobre la Renta (18% de la cantidad global), IVA (34%), Bienes Personales (3%), Contribuciones e Impuestos (37%).

 

 

 

 

 

La reliquidación abarcará la condonación de multas impuestas, tasas suplementarias por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de tributos comprendidos dentro del régimen por infracciones del Código Aduanero, y también comprenderá la deuda administrativo-judicial y la comprendida en planes caducos hasta la fecha firme de la resolución global de la AFIP.

 

 

 

 

Por el contrario, la flexibilización no permitirá la refinanciación de planes modernos y no incluirá los vencimientos del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales -de personas físicas y jurídicas- de diciembre de 2022.

 

 

 

 

Una parte particular de la desgravación remite a los planes en presión para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) con precio Badlar.

 

 

 

 

Cabe recordar que en la pandemia, la Ley 27.653 prorrogó la moratoria establecida en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, desde el inicios del gobierno de Alberto Fernández.

 

 

 

 

 

El crecimiento de la tasa Badlar (actualmente en 70%) provocó aumentos en los planes de pago que afectaron significativamente a las PyMES. Como alivio, la AFIP establecerá un anticipo de una proporción de los intereses en las cuotas, de los planes de cuotas con vencimiento entre junio y diciembre de 2023.

 

 

 

 

 

Economía incluso expresa que los montos de deuda, rango de cuotas de esta medida, tendrá un alivio impositivo del 50% dentro del valor de las cuotas mes a mes de los planes de pago de las PyMES.

 

 

 

 

 

Por otro lado, el Gobierno vigilará con un control exhaustivo de las operaciones nacionales e internacionales, tal como lo señaló el Ministerio de Economía como parte de este paquete de medidas tras el salto del índice de la inflación del 8,4% de abril, que lleva la tasa anual de inflación a casi 109%. En este sentido, se presentó la creación de la Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de Operaciones Comerciales.

 

 

 

 

 

 

El motivo de la flamante entidad será «visualizar la compra y venta de bienes y servicios en el país y el exterior. Promover las operaciones con equidad, evitando posiciones dominantes o excesivas.

 

 

 

 

 

Verificar la trazabilidad de los artículos comercializados y la mejor fiscalidad en cada grado. «Orientar al consumidor atendiendo las variables obtenidas en el proceso de seguimiento», consideró el equipo financiero.

 

 

 

 

En este sentido, probablemente estará formado por «un área ejecutiva con un representante de cada empresa que lo compone. Los responsables de las jurisdicciones implicadas analizarán día a día las estadísticas relacionadas y adoptarán las medidas imprescindibles».

 

 

 

 

Las entidades públicas que formarán parte serán, la Secretaría de Comercio, Producción y Agricultura del Ministerio de Economía, junto con la AFIP, la Aduana, el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera (UIF).

 

 

 

Importación sector alimentos y dumping de insumos

 

 

 

 

Por otro lado, Economía determinó dotar de un nuevo «papel» al Banco Central, para que se habilite en el Registro de Importaciones y «ante el abuso de posición dominante las empresas que puedan importar sin demora dichas mercancías con Arancel Cero, desarrollando una mayor entrega de productos sin cargos de intermediación».

 

 

 

 

El objetivo, explican desde el Palacio de Hacienda, es «reducir los costos de venta al público de los productos frescos (frutas, verduras, carnes) y secos no perecederos (alimentos básicos)». El objetivo, aseguran, es «proteger el poder de consumo de los ciudadanos». Los productos así importados se ofrecerán inmediatamente al público en negocios minoristas y las comercios de barrio.

 

 

 

 

 

Otra medida es la suspensión del pago del Canon por 90 días a los puesteros del Mercado Central que respeten las tarifas máximas fijadas por la Secretaría de Comercio. De esta manera, y ante la negativa de mayoristas y grandes agencias, los supermercados chinos y comercios de cercanía podrán abastecerse de una canasta de productos definida por la Secretaría de Comercio, importados con ayuda del Mercado Central «para romper con el abuso de cobros que hacen esos comercios al proveer a estos factores de venta de cercanía».

 

 

 

 

 

Esta canasta sería administrada por la Secretaría para que los comercios locales observen los mayores gastos de venta», es la respetable racionalización.

 

 

 

 

Otro capítulo del ataque a la suba de precios será la suspensión de los derechos antidumping en las ramas antidumping en ramas “de insumos difundidos”, es decir, aquellas que afectan a un amplio espectro en las industrias y presentan una alta incidencia en la producción de alimentos.

 

 

 

El objetivo es disminuir la alta tasa de las importaciones de insumos, promover la competencia en ramas y reducir los costes a lo largo de la cadena de producción», explican desde la cartera económica.

 

 

 

 

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