El Gobierno se propone eliminar todos los vericuetos legales creados por los progresistas que brinda alguna ventaja a sectores muy minoritarios.
El Gobierno está elaborando un plan para anular la Ley Micaela, los cupos estatales y el concepto de femicidio en el Código Penal. El Ejecutivo tiene la intención de entregar al Congreso el paquete de leyes durante las sesiones ordinarias y no descarta que sea uno de los pilares discursivos de la campaña para los comicios legislativos de 2025.
En la Casa Rosada afirman que suprimirán todas las leyes y reglamentos que “contemplen discriminación positiva sobre minorías”. La secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, es la responsable de gestionar el proyecto, bajo la supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo.
En Balcarce 50 argumentan que “no resiste ningún análisis que el Estado tenga que hacer excepciones y darle un trato especial a un grupo particular”, y afirman que Javier Milei se opone a promover una política que “defienda la diversidad de género”.
Por esta razón, intentarán anular la Ley 26.791, que establece como agravante a un homicidio que el acto sea “perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. En Nación expresan que “no hay ninguna diferencia entre el homicidio de un hombre o de una mujer”.
El mismo principio se aplica a la Ley Micaela (27.499), que fue sancionada en 2018 y establece formación obligatoria en aspectos de género y violencia contra las mujeres para todos los empleados en el Ejecutivo, el Congreso y la Justicia.
La Casa Rosada también aspira a suprimir los puestos de trabajo en los tres poderes estatales. Incorpora la eliminación de los cupos para individuos transgénero, transexuales y travestis (27.636), estableciendo el 1% de su presencia en las estructuras del estado. De igual forma, la Ley de Paridad de Género (27.412) dicta que se debe ubicar de forma alternada a hombres y mujeres desde el primer aspirante hasta el último aspirante suplente.
El paquete legislativo también sugiere la anulación del decreto 476/2021, el cual estableció la instauración del DNI no binario. La reglamentación autoriza la inclusión de una tercera alternativa en la sección del género del documento nacional de identidad. Incorpora la modificación de la Ley de Cupo en Eventos Musicales (27.539), que establece que el 30% de los artistas presentes en festivales y eventos de música debe ser femenina.
La propuesta también incluye la anulación de la Ley de Identidad de Género (26.743), la cual permite a las personas identificarse según su autodefinición de género en documentos oficiales y avala el acceso a terapias médicas para modificar el cuerpo.