Para evitar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) termine truncado en el Congreso, Milei lo hizo por DNU.
El Decreto de Necesidad y Urgencia que autoriza el acuerdo con el FMI, ahora será solamente evaluado por el Congreso y para ser anulado tendría que ser rechazado por ambas cámaras.
El acuerdo ya fue oficializado en el Boletín Oficial, aunque solo se dio a conocer algunos de los puntos del programa con el organismo, se desconocen los puntos claves.
El decreto de urgencia y necesidad consta de cinco apartados. En el documento, el Gobierno dio su aprobación para un préstamo de Facilidades Extendidas, con un periodo de amortización de 10 años, es decir, el entendimiento se extenderá hasta 2035 y un período de gracia de cuatro años y seis meses.
En contraste con otros préstamos del organismo, el Programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) tiene una duración más larga y está sujeto a condiciones más rigurosas, dado que se deben realizar revisiones de cumplimiento regulares para evaluar el progreso del acuerdo y permitir de esta manera el desembolso de los fondos.
El documento también señala que el objetivo «único» del crédito será cancelar las Letras Intransferibles del Banco Central, estimadas por la entidad en aproximadamente US$23.000 millones y cubrir los compromisos del programa acordado en 2022 con el FMI. Por lo tanto, los expertos mencionan que se trata de un cambio de acreedor, dado que, tras la cancelación de dichos títulos, el Tesoro asumirá las obligaciones con el BCRA, pero deberá saldar su deuda con el Fondo.
“En atención a la decisión del Gobierno Nacional de no comprometer su política económica de déficit cero, los fondos recibidos por medio de un nuevo Programa de Facilidades Extendidas o Extended Fund Facility (EFF) deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central y deudas con el Fondo Monetario Internacional”, señala el documento.
También aclara que “a los efectos de extender el horizonte de vencimientos, despejar la carga de pagos del Tesoro en los próximos años, dar más certidumbre a los tenedores de bonos y afianzar la perspectiva de mejora en la sustentabilidad del proceso de estabilización y crecimiento, es imprescindible, también, cancelar las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022 cuyos vencimientos operen dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo a celebrarse”.
En otras palabras: el plazo para saldar obligaciones con el FMI se va a extender. Este es un aspecto crucial, dado que este año se deben asumir compromisos de US$2500 millones con la entidad y US$12.700 millones en lo que resta de la administración de Milei.
El Gobierno también argumenta en los considerandos del DNU que su plan económico demanda “medidas que permitan consolidar la estabilización de la macroeconomía” y sostiene que, para conseguirlo, es imprescindible recomponer las reservas del Banco Central con el fin de proseguir hacia el acceso a los mercados globales de deuda y eliminar el cepo cambiario.
“La necesidad manifiesta de cancelar operaciones de crédito público vigentes con el Fondo Monetario y cancelar una parte sustancial de la deuda asumida con el Banco Central para fortalecer su posición financiera, garantizar la estabilidad macroeconómica, el acceso de la Argentina a los mercados de crédito internacionales, la disminución de las restricciones cambiarias y la reducción de la inflación hace necesario aprobar de forma urgente las operaciones de crédito público en el marco del Programa de Facilidades Extendidas a ser celebrado con el referido organismo internacional”, dice.
No obstante, aún le faltan numerosos detalles al documento divulgado. Primero, el documento no especifica la cantidad del crédito pactado con el FMI ni tampoco el cronograma de pagos para cuándo la entidad enviará fondos a la Argentina.
Actualmente, la negociación del acuerdo empezará a desarrollarse por dos rutas paralelas: por un lado, en el camino parlamentario, que irá a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene la tarea de determinar si apoya o no la propuesta. Por otro lado, la aprobación continúa siendo válida y sólo se podrá “voltear» el DNU con el rechazo de ambas cámaras.