El sindicato SUPARA respaldó a los agentes de la Aduana de Iguazú tras la denuncia de un abogado que pagó una multa por un dron y relojes no declarados. Rechazan las acusaciones y hablan de difamación.
La denuncia presentada por un abogado porteño que aseguró haber pagado $745.745 en concepto de multa por ingresar al país un dron y relojes inteligentes sin declarar derivó en una fuerte reacción del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), que respaldó públicamente a los agentes de la Aduana de Iguazú involucrados en el caso.
Desde el gremio calificaron la acusación como “carente de sustento legal” y denunciaron una campaña difamatoria que busca poner bajo sospecha el accionar de los trabajadores aduaneros. “Estas prácticas osadas y difamatorias fomentan una estigmatización sobre la moralidad y el desempeño de nuestros representados, afectando también a sus familias”, sostuvo SUPARA en un comunicado.
El sindicato adelantó que brindará acompañamiento legal y sindical a los funcionarios mencionados y que iniciará acciones para restablecer la veracidad de los hechos. “Estas maniobras malintencionadas no solo perjudican a las personas implicadas, sino que debilitan la confianza en las instituciones del Estado Nacional”, remarcó la entidad.
La denuncia fue presentada por Jeremías R., abogado oriundo de Buenos Aires, quien afirmó que durante un control en el Paso Internacional Tancredo Neves, agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le exigieron un pago por un dron DJI Mini Pro 5 y dos relojes inteligentes que llevaba una acompañante. Según el denunciante, el dinero habría sido transferido a una cuenta particular en lugar de ingresar al fisco nacional.
El hecho fue asentado en la Sección Puente Internacional del Escuadrón 13 “Iguazú” de Gendarmería Nacional, y la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú inició una investigación para determinar si existieron irregularidades en el procedimiento.
Mientras la causa avanza en la Justicia, el caso se desarrolla en dos frentes: la investigación judicial sobre el supuesto cobro indebido y la defensa gremial de los agentes señalados, que busca proteger su reputación y la legitimidad del trabajo aduanero.
