bajar impuestos

 

 

De crear más de 25 tributos a una carrera inédita por eliminarlos. Descubrí cómo el cambio de paradigma obligó a provincias y municipios a bajar sus tasas.

 

 

El entramado tributario de la República Argentina, caracterizado por una compleja coexistencia de cargas distribuidas en los niveles nacional, provincial y municipal, está experimentando un viraje estructural sin precedentes.

 

 

 

 

Tras más de dos décadas signadas por la constante creación de gravámenes, percepciones y fondos de emergencia destinados a sostener el gasto público, el escenario macroeconómico actual ha forzado una reversión de esta tendencia.

 

 

 

 

 

Este fenómeno, que inicialmente se impulsó desde la cúpula de la administración central, ha comenzado a derramarse de forma acelerada hacia los gobiernos subnacionales, alterando la lógica de recaudación en todo el territorio de manera drástica.

 

 

 

La velocidad con la que se están desmantelando estructuras impositivas obsoletas o distorsivas marca un quiebre de época, obligando incluso a las administraciones locales a revisar sus propios esquemas de tasas comerciales y de control para no quedar fuera de la nueva sintonía económica del país.

 

 

 

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Dos décadas de acumulación: la fábrica de impuestos (2003-2023)

 

 

Antes del actual proceso de simplificación, la estructura fiscal argentina atravesó un ciclo de 23 años caracterizado por una constante expansión impositiva. Durante este lapso, institutos de análisis fiscal como el IARAF llegaron a contabilizar más de 150 tributos vigentes entre impuestos, tasas y contribuciones, aunque la recaudación real siempre se mantuvo hiperconcentrada (apenas 10 de ellos aportando el 92% de los ingresos totales).

 

 

 

En ese período de fuerte presión fiscal, se crearon entre 25 y 30 nuevos gravámenes e instrumentos de percepción obligatoria, divididos en tres etapas bien marcadas:

 

 

 

  • Kirchnerismo (2003-2015): Se estableció el esquema móvil para las Retenciones a la Exportación de Hidrocarburos (2004) y, ante la escasez de divisas, nació el Recargo por viajes al exterior y compras con tarjeta (2012/2013) a través de la Resolución 3450 de la AFIP, aplicando percepciones del 15% al 35%. También se avanzó sobre el sector financiero con el Impuesto a la Renta Financiera (2013) para gravar dividendos y transferencia de acciones.
  • Cambiemos (2015-2019): Se introdujo el IVA a los Servicios Digitales (2017), obligando a plataformas como Netflix y Spotify a tributar el 21%, se implementó el Impuesto Cedular a la Renta Financiera (2017) sobre plazos fijos y bonos, y se fijó el Derecho de Exportación de Servicios (2018) con una retención del 12% a la economía del conocimiento.
  • Frente de Todos (2019-2023): Fue el período de mayor aceleración en recargos de emergencia, destacando el Impuesto P.A.I.S. (2019) con un recargo de hasta el 30% para el acceso al dólar, el Anticipo Extraordinario de Ganancias a Grandes Empresas (2022), la Tasa de Seguridad de la Aviación (2022) —aprobada por apenas un voto de diferencia en el Congreso— y la modificación de la cuarta categoría que dio paso al Impuesto Cedular a los Mayores Ingresos (2023).

 

 

 

El punto de quiebre: la era Milei y el desarme impositivo

 

 

La llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023 interrumpió de golpe la inercia legislativa de crear impuestos para cerrar baches fiscales. La nueva gestión implementó una estrategia doble: la eliminación definitiva de tributos nacionales distorsivos y una agresiva reducción de alícuotas mediante herramientas como la Ley Bases y el Paquete Fiscal, logrando reducir la carga de más de 20 tributos internos.

 

 

 

 

 

 

 

Entre los hitos más significativos de este proceso de desregulación se destacan:

 

 

 

  • Fin del Impuesto P.A.I.S.: La quita de mayor impacto fiscal y comercial, la cual finalizó formalmente su vigencia legal en diciembre de 2024, abaratando el dólar tarjeta y los costos de importación de insumos industriales.
  • Derogación del ITI: Se eliminó por completo el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, que cobraba un 1,5% sobre la venta de propiedades compradas antes de 2018.
  • Eliminación de tasas y aranceles suntuarios: Se borraron del mapa impositivo los gravámenes a las entradas de cine, videogramas grabados, servicios audiovisuales, la tasa del 17% a la telefonía celular/satelital y los aranceles para los primeros USD 400 en compras internacionales puerta a puerta (Courier).
  • Baja en Retenciones y Bienes Personales: Se quitaron las retenciones a las economías regionales, se elevó drásticamente el mínimo no imponible de Bienes Personales con rebaja progresiva de alícuotas, y se redujeron a la mitad (o al 0% en tecnología) los aranceles de importación de neumáticos, plásticos y electrodomésticos para forzar la baja de precios locales.

 

 

 

 

El contrapeso fiscal: Para sostener el superávit, el Ejecutivo debió apelar a tres movimientos de compensación: la restitución de la cuarta categoría de Ganancias (ahora Impuesto a los Ingresos Personales), el descongelamiento mensual del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la caída de beneficios temporales como el programa «Compre sin IVA».

 

 

 

 

Un fenómeno insólito: intendentes y gobernadores obligados a recortar

 

 

Lo verdaderamente inédito de este nuevo escenario político y económico no ocurre en los despachos de Buenos Aires, sino en el interior profundo del país. Históricamente, durante los gobiernos de corte peronista, los gobernadores e intendentes actuaban como los máximos creadores de tasas locales de cualquier tipo —inventando cánones de abasto, seguridad o espacio público— con el único fin de recaudar a costa del sector privado.

 

 

 

Sin embargo, tras la llegada de Javier Milei al poder, se desató un fenómeno impensado: en un cortísimo lapso de tiempo, los intendentes y gobernadores comenzaron a bajarse de la ola impositiva y se dedicaron a eliminar y recortar tasas locales. Lo sorprendente es que esta carrera por la simplificación fiscal se está dando incluso en distritos gobernados por signos políticos completamente opositores a La Libertad Avanza, demostrando que el cambio de paradigma macroeconómico terminó disciplinando la caja de la política subnacional.

 

 

 

LÍNEA DE TIEMPO DEL PARADIGMA FISCAL

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2003 – 2023: Matriz de Expansión  —> Creación de 25 a 30 nuevos impuestos

                                       (Nación, Provincias y Municipios)

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Arribo de Javier Milei (Fin de 2023) -> Giro radical hacia el Laissez-Faire

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2024 – 2026: Matriz de Retracción —> Fin de Impuesto PAIS, ITI y tasas.

                                       Efecto contagio: Intendentes bajan tasas.

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El caso testigo de Misiones y la ATM

 

 

 

 

Misiones mas recauda ATM

 

El ejemplo más contundente de esta encrucijada política ocurrió en la provincia de Misiones. La administración provincial se vio forzada a tocar su estructura más sagrada y eficiente: la Agencia Tributaria Misiones (ATM), conocida históricamente por su riguroso y agresivo esquema de recaudación en las fronteras.

 

 

 

En una decisión que nadie se hubiera imaginado meses atrás, y que responde a una lectura estrictamente política para alinearse con el clima de época de desregulación, las autoridades misioneras suspendieron el cobro de tasas en el ingreso de mercaderías a la provincia, como así también el cobro de tasas en las transferencias comerciales. Estas medidas, calificadas como inéditas en la historia fiscal de la región, demuestran que el techo al gasto y la presión impositiva que impuso Milei desde la Casa Rosada terminaron arrastrando de forma inevitable a toda la dirigencia del país, en hora buena para los contribuyentes.