Manuel Adorni enriquecimiento ilícito Francisco Adorni Gerardo Pollicita

 

La Justicia Federal analiza las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y de su hermano legislador. Evalúan inversiones en bitcoins, deudas y contratos con empresas.

 

 

 

 

Los fiscales federales analizan los bienes declarados, millonarias inversiones en activos digitales y deudas en el exterior. Las pesquisas judiciales también alcanzan a familiares directos y contratos vinculados con firmas prestadoras del Estado.

 

 

 

Una serie de expedientes tramitados en los tribunales federales de Comodoro Py mantiene en alerta al ámbito político nacional, tras disponerse una serie de medidas de prueba orientadas a verificar la evolución patrimonial de integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. 

 

 

 

El foco de las fiscalías está puesto en determinar si los activos reportados ante los organismos de transparencia guardan estricta correlación con los ingresos percibidos en las funciones del Estado, abriendo la posibilidad de extender los períodos de auditoría contable hacia los años previos al desembarco oficial en la función pública.

 

 

 

 

El fiscal federal Gerardo Pollicita encabeza el análisis técnico sobre la situación financiera del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que el funcionario formalizara su presentación de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA). La fiscalía —que cuenta con la asistencia de la DAFI (Unidad del Ministerio Público especializada en investigaciones Económicas y Financieras)— evalúa los movimientos declarados correspondientes al ejercicio del año 2025, donde se informó un patrimonio global de casi $ 945.000.000

 

 

 

El expediente bajo la instrucción del juez Ariel Lijo busca corroborar los datos de montos, origen y fechas, incluyendo los bienes de su esposa, Bettina Angeletti, para definir si amplía el objeto de la investigación.

 

 

Criptomonedas, deudas y valuaciones inmobiliarias

 

 

 

Las inconsistencias o saltos patrimoniales bajo análisis tomaron estado público tras una entrevista concedida por el ministro coordinador al canal La Nación+, donde justificó que su crecimiento financiero se debió a una inversión en activos digitales. Según sus declaraciones, colocó USD 200.000 que mantenía en ahorros y terminó registrando una cifra de USD 500.000 en criptomonedas (bitcoins). No obstante, los documentos públicos de acceso general exponen que el funcionario arrastra pasivos y deudas por más de $ 317.000 y casi USD 188.000.

 

 

 

En la lista de propiedades bajo la lupa judicial sobresalen una vivienda en un country club de la localidad de Indio Cuá, tasada oficialmente en $ 156.926.249, y un departamento con cochera ubicado sobre la calle Miró al 500, con una valuación de $ 255.844.500.

 

 

 

El frente judicial de los familiares y las consultoras

 

 

 

 

 

 

El sismo tribunalicio no se agota en el jefe de Gabinete. El fiscal Guillermo Marijuan solicitó de manera formal a la Oficina Anticorrupción la última actualización patrimonial de su hermano, el diputado bonaerense Francisco Adorni, imputado en una causa paralela por presunto enriquecimiento ilícito. 

 

 

 

 

El requerimiento se activó luego de que trascendiera en los medios de comunicación que el legislador presentó una tercera rectificación de sus papeles, donde corrigió el valor de su vivienda en City Bell fijando el 50% de la propiedad en $ 52.600.000, además de declarar cinco cajas de ahorro con un total de $ 2.000.000 y el ingreso de una herencia familiar por $ 21.000.000.

 

 

 

Por último, los investigadores de los tribunales de Retiro avanzan sobre otros dos expedientes conexos. Uno de ellos examina los nombramientos en los medios públicos nacionales, específicamente el desembarco del periodista Marcelo Grandío en la TV Pública

 

 

 

La segunda causa indaga sobre los contratos comerciales de la consultora de coaching ontológico MasBe, administrada por la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti. La justicia federal rastrea los servicios prestados por esta firma a tres importantes compañías contratistas y proveedoras del sector estatal: Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group.