Comienza el juicio contra siete imputados, entre ellos César Sena y sus padres, acusados de planear y ejecutar el femicidio de Cecilia; la Fiscalía presenta casi 400 pruebas.
Arranca este martes en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia el juicio más resonante de los últimos años en la provincia: siete imputados —entre ellos César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña— se sientan ante un jurado popular acusados de planear y ejecutar el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Aunque el cuerpo nunca fue hallado, la Fiscalía presenta casi 400 pruebas que, según su teoría, configuran un plan meticuloso y criminal.
La jornada inicial estará marcada por la selección del jurado popular: 12 ciudadanos chaqueños serán elegidos para escuchar las 17 audiencias previstas, más de 50 testigos y una batería de peritajes, mensajes, audios y rastros materiales que la Fiscalía promete exhibir. Fiscales y defensores interrogarán a los potenciales jurados para apartar a quienes manifiesten prejuicios o vínculos que comprometan la imparcialidad; esa fase puede extenderse uno o dos días.
La acusación plantea a César Sena (20) como autor material de un homicidio triplemente agravado —por el vínculo, por violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas—, una figura penal que habilita la pena máxima.
Para los fiscales, César mató a su esposa el 2 de junio de 2023 en la vivienda familiar. Sus padres, sostienen los investigadores, no fueron espectadores: los imputan como coautores por haber participado en la planificación y el posterior encubrimiento.
Completan la nómina de acusados Fabiana González y José Gustavo Obregón, del círculo íntimo de los Sena, y Gustavo Melgarejo con su esposa Griselda Reinoso, quienes, según la acusación, habrían colaborado en la limpieza de la escena y en la eliminación de pruebas en el campo familiar conocido como “la chanchería”. A estos últimos se los imputa por encubrimiento agravado.
La investigación, según la Fiscalía, aporta elementos que señalan una mecánica planificada: rastros de sangre, objetos personales calcinados, búsquedas en internet y cadenas de mensajes que apuntarían a premeditación. Testigos y peritajes forenses serán piezas centrales en la estrategia probatoria.
La familia de Cecilia llega al juicio con la angustia intacta y con la firme intención de buscar respuestas. Su madre, Gloria Romero, viajó custodiada y anunció que irá al debate como testigo clave. “Si yo tuviera al jurado enfrente, les diría que miren a sus hijos. Que piensen lo que cuesta criarlos… ¿Qué harían ellos en mi lugar?”, dijo Romero entre sollozos, y cargó contra la postura de los acusados: “No vi ni una pizca de dolor. Se hacen las víctimas, hablan de persecución política. Están haciendo política desde la cárcel”.
El proceso traerá a la sala audios, cámaras, pericias químicas y testimonios que intentarán reconstruir las horas previas y posteriores a la desaparición. La causa, excepcional por la ausencia del cuerpo, se apoya en la acumulación de pruebas indirectas —el denominado corpus probatorio— que la legislación argentina admite cuando es sólido y consistente. Los fiscales confían en haberlo logrado; la defensa, en tanto, buscará sembrar dudas razonables.
La juez técnica Dolly Fernández presidirá el debate: su función será velar por el proceso y garantizar el estricto cumplimiento de las reglas del juicio por jurados, sin intervenir en la decisión última que deberán adoptar los 12 ciudadanos chaqueños.
A medida que avance la instancia, pasarán por el estrado más de 50 testigos y se expondrán peritajes que, según la Fiscalía, demuestran la participación activa de cada uno de los imputados en un crimen que dejó a una familia sin respuestas y a una provincia expectante.
El veredicto, cuando llegue, caerá sobre un expediente que ya recorrió caminos judiciales y mediáticos: el intento de cerrar el hueco que dejó la ausencia del cuerpo con la contundencia de las pruebas materiales y las declaraciones.
