El incremento salarial llevará las dietas brutas a cifras desorbitantes a partir de agosto. Mientras la sociedad afronta la caída del poder adquisitivo y el desempleo, la dirigencia parlamentaria vuelve a ajustar sus haberes por encima de la inflación.
Un nuevo incremento en las dietas parlamentarias vuelve a encender el malestar social y a poner al descubierto la marcada desconexión entre los privilegios de la clase política y las urgencias cotidianas que atraviesa la ciudadanía. En un escenario signado por el estancamiento económico, salarios golpeados y una desocupación cercana al 8%, las bancadas de la Cámara Alta verán incrementados sus ingresos a cifras millonarias a partir de este mes.
El ajuste se fundamenta en el reciente acuerdo paritario firmado para el personal del Congreso. Mediante un cuestionado mecanismo de «enganche» automático, la recomposición acordada entre las autoridades del Palacio Legislativo y los gremios del sector se traslada de forma directa al bolsillo de las autoridades parlamentarias.
El esquema aplicado contempla una suba acumulativa dividida en tres tramos:
- 2,4% retroactivo al mes de junio.
- 2,2% correspondiente a julio.
- 1,9% aplicable en agosto.
Mecanismo de privilegio y brecha insólita
A partir de este sistema que vincula las dietas al valor del módulo legislativo (fijado en 2.500 módulos, más 1.000 por representación y 500 por desarraigo), la masa salarial bruta mensual ascenderá a la suma de $11.877.000 por cada integrante de la Cámara Alta, previo a las deducciones de ley. Con este reajuste, acumulan una mejora en el año que le gana con holgura a la inflación oficial acumulada en el primer semestre.
La medida deja al desnudo además una insólita brecha salarial dentro de las propias instalaciones del Estado. Quienes integran la Cámara Baja, al no contar con el beneficio del enganche automático, perciben haberes brutos congelados en torno a los $6.072.000, es decir, la mitad de lo que cobrará un par de la Cámara Alta por la misma función pública.
En momentos en que los trabajadores de la actividad privada y los jubilados pierden mes a mes contra la inflación, la dirigencia vuelve a garantizarse aumentos de privilegio en la cúspide del Estado, esquivando el esfuerzo que se le exige a toda la sociedad.
