El STJ intervino el equipo interdisciplinario que avaló la tenencia del menor. La madre y el padrastro recibieron 6 meses de prisión preventiva por el crimen.
El brutal crimen de Ángel en Comodoro Rivadavia ha provocado un terremoto institucional en la Justicia de Chubut. Este martes, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó la intervención inmediata del equipo técnico interdisciplinario que recomendó y avaló la entrega del niño a su madre biológica, Mariela Altamirano, decisión que terminó en tragedia.
La auditoría, que tendrá un plazo de 60 días, busca determinar las responsabilidades de los profesionales que actuaron como apoyo del Juzgado de Familia. La medida fue firmada por los seis ministros del máximo tribunal provincial, en respuesta al «lamentable acontecimiento» que conmocionó a la opinión pública por las evidentes fallas en el sistema de protección de menores.
Prisión preventiva y una defensa insólita
En paralelo, este mediodía se realizó la audiencia de imputación contra Mariela Altamirano y su pareja, Maicol González. Ambos quedaron formalmente acusados por el delito de «homicidio agravado por el vínculo» y la Justicia les dictó seis meses de prisión preventiva ante el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Durante la audiencia, la frialdad de la madre de la víctima fue el centro de las miradas: se mantuvo en silencio y evitó cualquier contacto visual con Lorena Andrade, la madrastra del niño, quien encabezó el pedido de justicia en la sala. Por su parte, González rompió el silencio con una frase que generó indignación: «Nosotros somos inocentes. Nosotros también queremos saber qué le pasó».
El caso reabre el debate nacional sobre los criterios judiciales en las disputas de tenencia y el seguimiento de los menores en situaciones de riesgo.
