A dos años de la desaparición del nene de 5 años en 9 de Julio, el Escuadrón 48 de Gendarmería será sede del debate oral. Hay 17 procesados por sustracción y encubrimiento.
Las audiencias del debate oral comenzarán este martes en un clima de extrema tensión institucional. Entre pericias científicas clave, llamadas cruzadas y la sombra de un falso operativo de rastrillaje, la Justicia penal intentará reconstruir las últimas horas de la víctima en el monte correntino.
Una de las causas judiciales más dolorosas y complejas de la historia policial argentina ingresa finalmente en su etapa de definiciones, al cumplirse el segundo aniversario de un hecho que mantiene en vilo a la opinión pública. La Justicia federal unificó los expedientes y dispuso el inicio del debate oral bajo un estricto dispositivo de seguridad, reuniendo una masa probatoria que incluye más de un centenar de testigos y peritajes científicos de alta complejidad.
El proceso buscará quebrar las contradicciones de los involucrados para determinar las responsabilidades penales de una desaparición que alteró por completo las estructuras comunitarias de una pequeña localidad correntina.
El trágico suceso que dio origen a la causa penal se registró el pasado 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, ubicado en las afueras de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. Según la reconstrucción realizada por los fiscales de instrucción, el niño de 5 años llegó a caballo junto a su padre a la vivienda de su abuela para compartir un almuerzo familiar entre las 12:30 y las 13:00 horas. Las pericias telefónicas y los testimonios indican que la última vez que se lo vio con vida en el predio fue a las 13:52, momento en que una comitiva de adultos y menores caminó hacia una zona de monte nativo.
Apenas una hora y media después, a las 15:26, se activaron las llamadas de alerta que daban cuenta de que el nene no regresaba.
La hipótesis principal de la fiscalía general sostiene que Bernardino Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Laudelina Peña aprovecharon una supuesta distracción del resto de los comensales para apartar al menor del perímetro familiar con la excusa de recolectar cítricos en un naranjal cercano.
El expediente judicial detalla que una tía del niño persuadió a una prima de la víctima para que regresara a la vivienda principal, dejando al menor desprotegido frente a los adultos. Para los investigadores, fue en ese preciso trayecto donde se ejecutó una acción coordinada que derivó en su sustracción y posterior ocultamiento fuera de la zona rural.
La investigación penal sumó elementos de peso al peritar los vehículos secuestrados. Los canes adiestrados en rastreo de personas detectaron rastros odoríferos específicos del niño en el interior de una camioneta perteneciente al matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, robusteciendo la hipótesis de un traslado vehicular inmediato.
Paralelamente, los peritos viales y de telecomunicaciones determinaron que el entonces jefe de la comisaría local, Walter Maciel, montó un escenario de rastrillaje ficticio mediante la colocación deliberada de un botín del menor en un campo vecino, con el claro objetivo de desviar el foco de las patrullas policiales hacia un presunto extravío y demorar el inicio de las alertas migratorias nacionales.
A partir de este martes, las audiencias se desarrollarán en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la capital correntina. En el banquillo de los acusados se sentarán 17 personas divididas en dos bloques procesales bien definidos: 7 de ellos imputados por los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor de edad, y un segundo grupo de 10 personas integradas a supuestas fundaciones de asistencia social, quienes enfrentan severos cargos de encubrimiento agravado, falso testimonio, privación ilegítima de la libertad y usurpación de títulos, al haber desplegado maniobras de entorpecimiento y falsas declaraciones testimoniales que dilataron la acción de la Justicia durante la fase inicial del expediente.
