El femicidio de Cecilia Strzyzowski expuso el entramado feudal y corrupto del peronismo chaqueño y marcó el final del poder de Capitanich en la provincia.
El crimen de Cecilia Strzyzowski no solo impactó por su brutalidad, sino que también terminó exponiendo un esquema político que durante más de una década se mantuvo firme en Chaco: un sistema de poder feudal, sostenido por el peronismo local y encabezado por Jorge Milton Capitanich.
La estructura, que concentraba recursos, manejaba voluntades, perseguía y apretaba a opositores, se resquebrajó definitivamente cuando salió a la luz el rol del clan Sena, socios políticos del entonces gobernador.
Capitanich, conocido entre sus seguidores como “El Capi”, gobernó la provincia durante tres mandatos. El primero se extendió entre 2007 y 2015, con una licencia incluida entre 2013 y 2015 para ocupar la Jefatura de Gabinete a nivel nacional.
Su retorno en 2019 marcó el inicio de su tercer ciclo al frente del Ejecutivo chaqueño, convirtiéndose en el primer dirigente en lograr tres mandatos por voto popular. Ese ciclo cerró en diciembre de 2023, cuando Leandro Zdero asumió la gobernación, en un contexto político radicalmente distinto al que había sostenido la hegemonía peronista.
Durante todos esos años, la estructura del gobierno provincial se asentó en pilares que parecían inamovibles: control territorial, manejo de organismos estatales, influencia en la Justicia, alineamiento de la fuerza policial y un vínculo estrecho con organizaciones sociales y piqueteras que operaban como aliados estratégicos. Entre ellos se destacaba Emerenciano Sena, líder piquetero poderoso condenados por el crimen de Cecilia, influyente y pieza clave del entramado político oficialista.
Las organizaciones piqueteras, más allá de su rol social, actuaban como un brazo operativo del poder: movilizaban, presionaban, disciplinaban, garantizaban apoyo territorial y muchas veces funcionaban como grupos de choque.
Esta estructura, financiada con dinero de la ciudadanía, recursos de origen nacional, provincial y municipal, se convirtió con los años en una maquinaria aceitada que combinaba manejo de fondos, asistencialismo direccionado y control social.
Pero la desaparición y posterior confirmación del femicidio de Cecilia Strzyzowski rompió ese pacto tácito que sostenía la estabilidad del sistema. El clan Sena, señalado como responsable del crimen, era parte directa del ecosistema político del oficialismo chaqueño e incluso integraba listas electorales vinculadas a Capitanich.
La brutalidad del caso pero, sobre todo, la evidencia pública del vínculo político entre los Sena y el gobierno provincial detonaron la credibilidad de la estructura peronista.
Como ocurrió históricamente en otros contextos, la muerte de una inocente terminó funcionando como un disparador social: el caso convirtió en visibles prácticas políticas que durante años habían sido denunciadas pero no lograban romper el blindaje institucional del poder.
La presión social, la indignación colectiva y la movilización ciudadana marcaron un quiebre definitivo en lo que parecía un régimen impenetrable.
La caída del sistema chaqueño tuvo repercusiones incluso fuera de la provincia. En Misiones, localidades como Leandro N. Alem habían reproducido modelos similares de organizaciones sociales influyentes, con referentes que cortaban calles, tomaban edificios y actuaban con impunidad durante el auge del kirchnerismo.
La influencia piquetera del Chaco había llegado incluso a formar y entrenar agrupaciones locales, replicando el modelo que en su momento convirtió a Chaco en la capital del piquete.
El final del ciclo peronista-kirchnerista en el país debilitó ese engranaje. Sin financiamiento político ni protección del poder central, el esquema que mantenía sometidos a miles de ciudadanos comenzó a desmoronarse. La caída en Chaco, acelerada por el crimen de Cecilia, marcó un antes y un después en la región.
El caso no solo cerró una etapa política, sino que también expuso la fragilidad y los costos humanos de un sistema que durante años operó sin controles reales. Hoy, mientras avanza la Justicia, la provincia enfrenta el desafío de construir un modelo distinto al que dominó su vida política durante más de una década.
