La exmandataria presentó recursos ante la Corte para intentar salvar 20 propiedades, hoteles y casi 5 millones de dólares en cajas de seguridad.
La defensa técnica interpuso recursos de queja ante el máximo tribunal de la Nación con el objetivo explícito de congelar los remates de estancias, complejos hoteleros y millonarios fondos en moneda extranjera. La presentación se concretó inmediatamente después de que se ratificara la millonaria multa global por el direccionamiento de la obra pública.
Las derivaciones patrimoniales en los expedientes de corrupción pública de gran escala suelen desatar batallas legales definitivas cuando las sentencias adquieren firmeza ejecutoria. Tras agotarse los debates sobre las responsabilidades penales de los exfuncionarios y contratistas del Estado, el foco de los tribunales se traslada de manera directa hacia el recupero de los activos de origen espurio mediante inhibiciones y embargos definitivos.
Frente a la inminencia de las subastas públicas y las transferencias de dominio a favor del erario nacional, las defensas despliegan recursos de última instancia orientados a dilatar los plazos procesales, intentando salvaguardar el entorno financiero familiar y las propiedades residenciales de mayor valor simbólico y económico.
La disputa ingresó en una fase crítica en las últimas horas en los despachos de la Capital Federal. Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara de manera taxativa la actualización del decomiso general por la descomunal cifra de $685.000 millones tras analizar las irregularidades en 51 licitaciones viales, la exmandataria de la Nación activó una contraofensiva jurídica para intentar salvar su patrimonio familiar de lo que representa un golpe financiero sin precedentes.
A través de su representación legal, se presentó un recurso de queja directo ante el tribunal supremo con el propósito de frenar la ejecución inmediata de sus propiedades. El principal argumento de los letrados apunta a blindar los activos de sus hijos, sosteniendo que no existen medidas probatorias que vinculen esos fondos con las maniobras investigadas en la megacausa.
En el centro de la disputa se encuentra una fortuna que incluye alrededor de veinte propiedades inmuebles diseminadas en diferentes puntos del país, entre los que destacan hoteles de lujo, residencias particulares en Río Gallegos y El Calafate, y el departamento de la calle San José 1111, recinto donde la dirigente política permanece bajo régimen de detención desde hace un año.
La ofensiva judicial de la exjefa de Estado también busca rescatar del decomiso casi 5 millones de dólares en efectivo que permanecen secuestrados dentro de cajas de seguridad bancarias. Aunque el empresario santacruceño Lázaro Báez acompañó la misma estrategia dilatoria con sus propios apoderados, los magistrados judiciales recordaron que los recursos de queja ingresados no poseen efecto suspensivo sobre los remates.
Esto implica que la maquinaria judicial para la tasación, venta y subasta de las estancias y cuentas bancarias ligadas al fraude en la obra pública continuará marchando en paralelo en los tribunales federales de la Nación.
