Cristina Kirchner presentó un recurso de nulidad con el fin de evitar que el Gobierno le retirara su jubilación de privilegio.
En las 36 páginas del documento presentado, el abogado expone los motivos por los cuales considera injusto que se le hayan retirado los ingresos que recibía como ex presidenta y viuda de Néstor Kirchner, calificando la medida como ilegal y autoritaria.
Hace unos días, el jefe de la ANSES, Mariano de los Heros, informó que en noviembre la expresidenta recibió un total de $35.255.297. $6.354.523 por un suplemento por zona austral, que le fue pagado a Cristina Kirchner, tras presentar un certificado de domicilio de Río Gallegos, Santa Cruz, según información dada por el funcionario.
El documento argumenta que la decisión tomada por de los Heros, es considerada como «arbitraria», por lo tanto solicita su anulación. “Buscó artilugios que le permitieran llevar adelante una decisión que estaba tomada de antemano, esto es, revocar los derechos en cabeza de la Dra. Cristina Kirchner”, dice parte del documento.
De igual manera, se destaca que no se respetó la obligación de brindar la oportunidad de que el administrado pueda defenderse. “Si bien la administración argumentó que correspondía suspender la ejecución de un acto administrativo, no explicó los motivos por los cuales dichos argumentos le permiten también quebrantar una ley nacional”.
No es una facultad ni del área jurídica ni de esa administración, arrogarse la jurisdicción y competencia que, los artículos 15 y 36 de la Ley 24.241 no le otorgan a esa administración. Por tal razón, la resolución impugnada es nula, de nulidad insanable”, remarca.
En un punto posterior de la exposición se hace hincapié en que “resulta imposible separar el dictado de la resolución de ANSES del persecutorio proceso de hostigamiento que sufre la Dra. Fernández de Kirchner, que viene desplegándose desde diciembre del 2015 y que motivó la revocación de su beneficio de asignación mensual vitalicia”.
“La resolución impugnada debe ubicarse como un acto más de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo”. Se señala a funcionarios de la Administración de Seguridad Social y del ministerio de Capital Humano como responsables, aunque se resalta que están bajo la autoridad del presidente Javier Milei.
El mismo descargo señala: “Como queda palmariamente claro, para la Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la única causal para no tener derecho al beneficio es la destitución mediante el juicio político, durante el ejercicio de la función pública”. Y sentencia: “La interpretación maliciosa realizada por esta administración que pretende fundarse en su dictamen, es absolutamente contraria a derecho”.
Además, destacan la disparidad de criterio en relación con la pensión vitalicia de Zulema Yoma, ex esposa de Carlos Menem, que continuará percibiendo a pesar de la condena en dos instancias del expresidente. Afirma que “es un acto viciado de arbitrariedad manifiesta”.