El Gobierno elabora dos decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de eliminar 60 organismos y eliminar regulaciones. Es la «deep motosierra» de la que se está ocupando Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
El Ejecutivo suprimirá el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y trasladará las tareas de esa área a la Jefatura de Gabinete, bajo la dirección de Guillermo Francos. Desean otorgarle el papel de reconocer a las comunidades indígenas a las provincias, manteniendo la dependencia nacional como «área solamente informativa».
Ya no habrá más subsidios, ni manejará fondo esta área. Días pasados el Gobierno ya había eliminado los subsidios destinados a asesoramiento en conflictos de tierras de asunto de tierra en asuntos indígenas.
El INAI está bajo la supervisión del viceministro del Interior, Lisandro Catalán, dispone de 181 trabajadores y posee un presupuesto de $4847 millones. Otra entidad que se encuentra en la lista de los que podrían desaparecer es el Instituto Nacional de las Juventudes (INJUVE), que se encuentra bajo la dirección de la ministra Sandra Pettovello de Capital Humano.
De igual forma, ocurre con el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), que cuenta con 37 trabajadores y un capital de $12.143 millones. Una de las alternativas que Nación considera es liquidar el organismo y ceder parte de su estructura a Marca País, que está bajo la dependencia de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.
Además, el Gobierno se esfuerza por centralizar los 12 institutos que se encuentran bajo el mando de la secretaría de Cultura, bajo la dirección de Leonardo Cifelli. Planifica eliminar la existencia de las entidades descentralizadas y ceder sus responsabilidades a la subsecretaría de Patrimonio. También comprende al Sanmartiniano y al Belgraniano.
La intención del Ejecutivo copiar el sistema por el cual fue eliminado el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). La Nación clausuró la entidad, pero preservó sus tareas básicas en el Ministerio de Justicia, que se mantuvo con sus recursos materiales, financieros y de planta.
Los organismos que no están en la mira de la “deep motosierra” del presidente, incluyen las universidades, las entidades del Poder Legislativo y las del Poder Judicial, así como el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.
Además, el artículo 52 de la Ley Bases establece el marco regulatorio para los trabajadores públicos que se desempeñan en sectores que serían eliminados o modificados. Ordena que permanezcan un año sin remuneración a la espera de ser reasignados y que sean formados para otras funciones o desempeñen servicios tercerizados por el Estado.
En la Casa Rosada argumentan que la medida “no va a la misma velocidad” que el decreto de urgencia y necesidad que suprimirá 60 entidades. “Hay que hacer una búsqueda intensa y fijar un marco desregulatorio que agilice los procesos de cada área”, afirman en Nación.