Múltiples denuncias administrativas, reclamos gremiales y polémicas públicas sobre la asignación de cargos salpican la conducción de la funcionaria al frente del organismo provincial.
La conducción de Daniela López al frente del Consejo General de Educación (CGE) de Misiones atraviesa un escenario de permanente debate público. Desde su llegada al cargo en marzo de 2024, se han acumulado expedientes administrativos, presentaciones de gremios docentes y controversias mediáticas que ponen bajo la lupa la transparencia e institucionalidad del organismo.
Uno de los expedientes más llamativos involucra a Juan Carlos Kategora, director de la Escuela Provincial N.º 733 de San Vicente, quien acumula más de 6.300 días de licencia a lo largo de su trayectoria. Aunque el CGE inició un sumario, la controversia se reavivó el 11 de agosto de 2026 cuando López confirmó la aceptación de su renuncia, dejando dudas sobre el destino de la investigación interna.
En la Escuela N.º 958 del paraje Barbacuá (San Antonio), la Resolución 3177/26 sobre la situación laboral de la directora suplente Valeria Paraná desató cortes en la Ruta Nacional 101 y huelgas de hambre. Para frenar la protesta, el CGE emitió la Resolución 3376/26 restituyendo a Paraná como maestra de grado pero dejando vacante la dirección, medida que terminó en los tribunales.
A esto se le suma la denuncia periodística por presunto nepotismo tras la firma de la Resolución 1743/26 por parte de López y el secretario general Francisco Carosini, que designó a Darío Marcelo Fernández —señalado como sobrino de la funcionaria— como director de Educación Rural.
En el plano administrativo y gremial, la secretaria general de UDNAM, Estela Genesini, denunció irregularidades y supuesto «traslado encubierto» en la designación de Lucía Rosana Lemos como bedel en la Escuela Normal Superior Estados Unidos del Brasil.
En paralelo, la docente Claudia Neustadt presentó un escrito contra autoridades de la Escuela N.º 622 por presunta adulteración de planillas de asistencia y favorecimiento a familiares. En tanto, las organizaciones sindicales FTEL y MPL mantuvieron reclamos por errores y diferencias en las liquidaciones de haberes de los trabajadores de la educación.
El ámbito de la contención escolar también tuvo su foco más grave en la Escuela de Frontera N.º 617 de El Soberbio, donde en septiembre de 2025 se intervino el establecimiento y se apartó a un docente por presuntas conductas abusivas y fotografías a menores, generándose en 2026 nuevos reclamos por supuestas demoras en los sumarios y la reubicación de la exdirectora.
Finalmente, en abril de 2026, la funcionaria quedó envuelta en repudios de agrupaciones como Mumalá y ATE luego de que se filtrara un audio con una madre de la Escuela N.º 700 de San Pedro donde López vinculaba casos de femicidios con «emoción violenta».
