Una nueva medida oficial modifica la ley de migraciones para prohibir el ingreso y retirar la residencia a quienes ataquen los símbolos patrios o promuevan la violencia por motivos de nacionalidad.
El Poder Ejecutivo resolvió endurecer los controles migratorios y ampliar los motivos legales para rechazar el ingreso o disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros del territorio nacional. La decisión administrativa, que modifica la normativa vigente sobre admisión y permanencia en el país, responde a lo que desde los despachos oficiales calificaron como un incremento sustancial en las manifestaciones de hostilidad dirigidas contra la sociedad argentina.
El instrumento legal incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley 25.871 de Migraciones, fijando trabas expresas en la frontera para quienes hayan difundido mensajes de odio —ya sea en formato oral o escrito— o hayan incitado a la violencia contra la población por su origen nacional.
El cerco reglamentario también abarca de forma directa a todas aquellas personas que hayan participado, realizado o promovido actos de ultraje o agravio contra los símbolos patrios.
La reforma no se limita únicamente al filtro en los pasos fronterizos, sino que extiende sus garras sobre la permanencia de quienes ya se encuentran residiendo dentro del país. Mediante la reformulación de los artículos 62 y 63 del plexo normativo, las autoridades del área quedan facultadas para cancelar radicaciones otorgadas, intimar el abandono del territorio en un plazo determinado o ejecutar la expulsión inmediata de aquellos que incurran en las conductas penalizadas.
Desde el Gabinete nacional respaldaron la medida firmada por el presidente Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026 publicado en el Boletín Oficial, argumentando que estos comportamientos atentan de manera directa contra la convivencia pacífica.
A través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, la Casa Rosada envió un mensaje contundente al señalar que «la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable» y que «quien ataque a la República Argentina no es bienvenido», precisando no obstante que la restricción no afectará el disenso político ni el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
