Luego de una investigación, detectaron una empleada que tenía 400 días de licencia médica en su trabajo en el poder judicial, pero además otros puestos en el estado
Una trabajadora del Poder Judicial de Río Negro fue despedida de su puesto después de una auditoría interna que descubrió que acumulaba más de 400 días de licencia en tan solo cuatro años y consta como empleada activa en dos entidades públicas.
Desde mayo de 2024, la empleada, identificada como Paula P., fue objeto de investigación por instrucciones del coordinador de Recursos Humanos de la Procuración General, Esteban Aliani. La investigación reveló un patrón de faltas constantes con certificados médicos y licencias extraordinarias entre 2019 y 2023, además de su traslado a Neuquén durante la pandemia, sin dejar de trabajar como empleada del sistema judicial de Rionegrina.
Los documentos remitidos a AFIP y ANSES corroboraron que Paula P. También desempeñaba tareas en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados, lo cual representa una incompatibilidad legal con su puesto en el poder judicial.
Aunque afirmó no conocer las regulaciones y tener problemas personales, los encargados del sumario indicaron que su comportamiento infringió los artículos 8 inciso a) y 9 de la Ley Orgánica 5731 y la Ley de Ética Pública L3550.
El 12 de febrero de 2025, el Superior Tribunal de Justicia emitió la sentencia definitiva de exoneración. Además, ordenó enviar las evidencias a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para determinar si es apropiado iniciar un procedimiento penal por un posible daño económico al Estado, en cuanto a los sueldos obtenidos durante las faltas injustificadas.