La auditoría realizada por la administración de Javier Milei llegó a una conclusión inquietante: ni siquiera el Estado tiene información precisa y exacta sobre el número total de propiedades que tiene.
Según documentos oficiales, existen discrepancias entre los datos inmobiliarios que los distintos organismos del estado afirman tener y los datos proporcionados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que regula, monitorea e inspecciona los activos estatales.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que realizó con ministerios y organismos descentralizados, dice que el Estado nacional utiliza alrededor de 19.189 bienes, excluyendo el edificio propiedad de la cartera de Seguridad y Defensa. La información se mantiene confidencial porque es sensible para la defensa nacional.
La auditoría registró cerca de 20.000 bienes en inmuebles
Aun así, en la mayoría de los casos, la información proporcionada por los ministerios no coincide con la información que aportó la AABE. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reporta 10.105 propiedades (4.639 registradas y 5.466 no registradas), mientras que la agencia de Administración de Bienes del Estado dice que este organismo posee 11.432 productos inmobiliarios.
En otros casos ocurrió lo contrario: los propios ministerios afirmaron tener más activos de los que aparecían en los registros de la AABE. Un claro ejemplo es lo que ocurre en el Ministerio de Turismo, que informó a la SIGEN que posee 120 empresas, dato que no coincide con las 105 empresas que informó anteriormente al organismo.
Otros casos:
Parques Nacionales: Según informan, tiene 80 propiedades, mientras que los registros de la AABE aparecen 153 propiedades.
Dirección Nacional de Migración: Informa que tiene 13 propiedades, pero la AABE enumera 35. Fuentes oficiales dicen que son 43 unidades, de las cuales 30 unidades cumplen con derechos de alquiler y cesión de uso. Es decir, los números son diferentes en todo.
Registro de las Personas: Informa que tiene 3 inmuebles, pero la AABE reporta 13.
Los 61 inmuebles sin papeles asignados a Cancillería
El caso más común es el de Cancillería, que advirtió durante la auditoría que tenía 61 inmuebles en stock sin escrituras ni documentos que acrediten su propiedad.
Son edificios utilizados por organizaciones religiosas, y hace más de 20 años, la AABE se los asignó a Cancillería por tener bajo su órbita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pero desde entonces este organismo ha declarado que no hay documentación de la propiedad y pide que se lo desafecte.
Desde 2002, el Ministerio ha solicitado la regularización de estas propiedades, pero aún no ha recibido respuesta. En uno de los documentos enviados incluía una lista de bienes y explicaba que no ejercía la titularidad ni el mantenimiento de los mismos. Uno de ellos, ubicado en Moreno 729, en el municipio de Quilmes, no es propiedad del Estado sino de una empresa llamada Raíces Patagónicas, cuyo presidente es Eduardo Sapag.
Cancillería lleva más de 20 años exigiendo la desafectación de bienes que tiene a cargo pero no son del estado. Fuentes de la AABE dijeron a los medios que el estado de los 61 bienes está “en análisis” y que están tratando de verificar cuántos de ellos son de propiedad estatal, por qué fueron entregados al Ministerio de Asuntos Exteriores, cuál es su utilidad y estado actual de cada uno.
La AABE realizará auditorías de activos en conjunto con la Sigen, ministerios y agencias descentralizadas para tratar de llegar a una cifra precisa y real de cuántos inmuebles tiene el estado. Se espera que esté listo a mediados de este año. De esta manera buscarán resolver las disputas actuales que se repiten en toda la administración nacional, como lo que sucede con el ex Ministerio de Obras Públicas, que según los archivos del Ministerio posee 97 inmuebles, mientras que en la AABE dice que serían 91.
El problema es que durante el mismo proceso de auditoría de la AABE, que entregó a la SIGEN, se descubrió que no existe un Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE completo y actualizado.
Entre otras falencias, también existe una falta de regulación respecto de las propiedades confiscadas, y también se reporta una falta de procesamiento y registro de todos los documentos ingresados al SIENA (sistema que registra toda información y documentación sobre bienes del Estado).