El Gobierno está implementando acciones para agilizar el procedimiento de deportación de inmigrantes ilegales ante la justicia. Este es uno de los apartados de la reforma migratoria donde la mesa técnica del oficialismo se encarga de trabajar, que abarca también el arancel médico y universitario para extranjeros no residentes.
Desde el gobierno nacional tienen la intención de cambiar el artículo quinto de la Ley de Migraciones (25.871), que comprende el marco “La legalidad e ilegalidad de la permanencia de extranjeros». Es acerca de los artículos, desde el 60 hasta el 73 que establecen las acciones para expulsar a los inmigrantes ilegales del territorio de Argentina.
En Balcarce 50, acusan a la Justicia de «trabar los procedimientos de deportación» y argumentan que establecerán un nuevo sistema que agilice los trámites de salida en situaciones de ilegalidad. La Dirección Nacional de Migraciones es la entidad encargada de ejecutar la expulsión de un inmigrante ilegal y de intervenir ante la Justicia en la revisión de la resolución administrativa.
El artículo 70 dicta que la jefatura de gabinete del Interior tiene la obligación de pedir a la Justicia retener al extranjero mediante una resolución. La Policía Migratoria auxiliar tiene la responsabilidad de llevar a cabo la operación, tiene la responsabilidad de alojar a los detenidos en sus instalaciones y proteger a los expulsados durante el camino de salida si se necesita.
De acuerdo con la legislación, la deportación de inmigrantes ilegales establece la prohibición de volver a ingresar al país de manera permanente o por un periodo que exceda cinco años. La duración de la pena depende del motivo de la expulsión, como otros crímenes penales o la falsificación de documentos.
El artículo 37 de la Ley de Migraciones dicta que “el extranjero que ingrese a la República por lugar no habilitado a tal efecto, o eludiendo cualquier forma de contralor migratorio, será pasible de expulsión en los términos y condiciones de la presente ley”.
Además, la ley actual establece que el extranjero retenido puede pedir la interrupción de la deportación si es padre, hijo o esposo de un argentino autóctono. La tarea de Migraciones es verificar la presencia del vínculo en un periodo de cuarenta y ocho horas hábiles.
El Gobierno tiene la obligación de liberar al detenido y establecer un proceso de regularización migratoria sumario si se corrobora el argumento. Tampoco la nación tiene la potestad de expulsar a los extranjeros que no cumplan con un deber establecido en un contrato de trabajo.
El Ejecutivo analiza varios métodos para promover modificaciones en la Ley de Migraciones (25.871). Posee un proyecto preparado para presentar al Congreso en las semanas venideras, pero contempla hacer cambios mediante un nuevo decreto que regule la norma.
El proyecto de reforma incluye un esquema más limitado para la otorgación de ciudadanía y residencia a extranjeros. También es aplicable para los estudiantes y aquellos que deseen postularse para una residencia permanente. El Gobierno sostiene que no existió un control directo sobre la entrega de documentos durante el gobierno anterior.
Además, la nueva normativa busca limitar a los inmigrantes ilegales que tienen hijos en el país y obtienen la residencia después de que sus herederos nacen y se transformen en ciudadanos de Argentina. Está vinculado con el programa de regularización Patria Grande, promovido durante la presidencia de Néstor Kirchner y que regularizó a 565.831 personas hasta el año 2007.