El subsecretario de Políticas Universitarias desmintió a la UBA y aseguró que se transfirieron los fondos a los hospitales. Apuntó contra la «corporación política y sindical».
En medio de una jornada de alta tensión política por la Marcha Federal Universitaria, el Gobierno Nacional salió a cruzar con dureza las denuncias de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró este martes que «no se recortaron presupuestos» y ratificó que las transferencias destinadas a los hospitales escuela fueron ejecutadas según lo previsto.
El funcionario apuntó directamente contra el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, acusando a las autoridades académicas de «mentir» para movilizar a la sociedad. Según Álvarez, el conflicto actual responde a una «crisis recurrente» del Hospital de Clínicas que debería ser revisada estructuralmente para entender su déficit constante.
Fondos bajo la lupa y críticas a la UBA
Álvarez explicó que el reclamo de la UBA gira en torno a un fondo común para todas las universidades, pero que la institución porteña busca una asignación desproporcionada.
«Se transfirió todo y yo publiqué todas las transferencias hechas mes a mes», enfatizó el funcionario en declaraciones radiales.
El subsecretario definió el reclamo como un «acto opositor completamente político» y afirmó que las universidades están hoy «controladas por dos corporaciones: la política, mayoritariamente radical, y la sindical, mayoritariamente peronista».
Auditorías y transparencia
Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, insisten en que el foco está puesto en el control de los fondos. Álvarez reiteró que el sistema universitario utiliza la autarquía para evitar auditorías externas, mientras que el Gobierno busca establecer parámetros técnicos de distribución basados en datos reales y no en «lobby político».
El clima de confrontación se mantiene firme mientras las columnas de estudiantes, docentes y gremios se movilizan en todo el país. Para el Ejecutivo, la marcha de hoy está «totalmente desvirtuada» de su fin educativo original, convirtiéndose en una plataforma de posicionamiento político partidario.
