El Gobierno nacional confirmó que enviará una ley al Congreso para reformar el sistema de inteligencia. El reciente DNU 941/2025 ya encendió las alarmas al permitir que los espías realicen arrestos en flagrancia y obligar a otros organismos a compartir datos personales con la SIDE.
El sistema de inteligencia argentino está viviendo su transformación más profunda desde el regreso de la democracia, y el 2026 promete ser el año de la batalla definitiva en el Congreso.
Tras el sorpresivo DNU 941/2025, publicado el pasado 2 de enero, el gobierno de Javier Milei no solo le devolvió el nombre histórico de SIDE al organismo, sino que le otorgó facultades que hasta hace poco eran exclusivas de las fuerzas de seguridad tradicionales.
La gran controversia gira en torno al nuevo poder de aprehensión. Según el decreto, los agentes de inteligencia ahora están habilitados para detener a personas en casos de flagrancia (cuando son pescados «con las manos en la masa») o bajo requerimiento judicial.
Para la oposición y diversas ONG de derechos humanos, esto es el nacimiento de una «policía secreta», ya que las actividades de inteligencia son por definición encubiertas, lo que dificultaría el control sobre quién, cómo y por qué se detiene a un ciudadano.
Las claves del «nuevo» espionaje:
- Vigilancia Masiva: El decreto obliga a más de 15 organismos del Estado a compartir sus bases de datos personales con la SIDE, sin que existan mecanismos claros de control judicial previo.
- Todo bajo secreto: Se estableció que todas las actividades de inteligencia tienen carácter encubierto para «minimizar el riesgo estratégico», lo que aumenta la opacidad del organismo.
- Seguridad Propia: Los agentes pueden ahora proveer su propia seguridad y repeler agresiones en cualquier lugar donde desarrollen sus tareas, ampliando su capacidad operativa en la calle.
Sin embargo, desde la Casa Rosada aseguran que el DNU es solo el primer paso. El objetivo final es enviar un proyecto de ley «abarcativo» que reordene las leyes de Seguridad Interior y Defensa, permitiendo, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas tengan un rol más activo ante amenazas como el narcoterrorismo.
Por ahora, el cronograma legislativo tiene un freno: la prioridad absoluta para febrero son las sesiones extraordinarias (del 2 al 27) enfocadas en la reforma laboral.
La SIDE tendrá que esperar su turno, mientras la Comisión Bicameral de Inteligencia ya afila los dientes para intentar voltear el decreto antes de que se convierta en ley definitiva. En Balcarce 50 lo tienen claro: «El Congreso tiene sus tiempos», pero el poder de la SIDE ya es una realidad en las calles.
