El oficialismo analiza una ingeniería jurídica para destinar recursos extraordinarios a la compra de blindados, aviones y buques, vinculando la reforma del Estado con la Defensa Nacional.
El Gobierno Nacional avanza en una redefinición profunda de las prioridades del gasto público para este 2026. Bajo la premisa de que «no hay plata» para gastos corrientes pero sí una necesidad urgente de capitalizar las fuerzas de seguridad, la Casa Rosada analiza una jugada audaz: crear un fondo específico para la compra de armamento financiado directamente por la venta de activos estatales.
La iniciativa propone destinar el 10% de todo lo recaudado por privatizaciones, venta de inmuebles nacionales y enajenación de bienes públicos al reequipamiento material del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
La ingeniería jurídica, que todavía está bajo la lupa de los asesores técnicos en Balcarce 50, busca esquivar las restricciones de la Ley de Administración Financiera, que exige que cualquier afectación específica de fondos surja por una ley del Congreso y no por un simple decreto.
El plan oficial surge en un momento clave de la reforma del Estado. Con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) acelerando la venta de terrenos considerados «innecesarios» —muchos de ellos pertenecientes a predios militares—, el oficialismo busca que esos recursos vuelvan a las fuerzas en forma de tecnología.
El cálculo que hacen en el Ejecutivo es ambicioso: estiman que podrían reunir entre US$1.500 millones y US$3.000 millones en distintas etapas si logran concretar los procesos de privatización de empresas como Intercargo, AYSA y el Belgrano Cargas.
Este fondo vendría a sustituir el esquema de financiamiento automático del FONDEF, que fue modificado en el Presupuesto 2026. El objetivo es sostener compras de gran magnitud, como la incorporación de los vehículos blindados Stryker, el mantenimiento de los cazas F-16 y la adquisición de helicópteros navales, sin que estas inversiones representen una carga directa sobre el Tesoro Nacional.
En un contexto donde la soberanía y la capacidad disuasoria vuelven al centro de la escena, el oficialismo apuesta a que la reducción del Estado sirva, paradójicamente, para fortalecer su brazo armado.
