La medida busca resguardar activos para cubrir el perjuicio patrimonial estimado en el expediente. Alcanza a propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y la región patagónica.
El Tribunal Oral Federal N.° 2 dispuso un masivo conjunto de medidas cautelares en el marco de la causa que investiga irregularidades en la obra pública. La resolución judicial apunta a asegurar bienes inmuebles, flotillas de vehículos y activos comerciales con el objetivo de resguardar los $685.000 millones fijados como monto del perjuicio económico ocasionado al Estado.
Según fundamentó el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la disposición no implica un remate inmediato ni modifica la titularidad de las propiedades, sino que establece su indisponibilidad jurídica para impedir que sean transferidas o gravadas antes de un eventual decomiso definitivo.
Entre los bienes inmuebles alcanzados por la resolución figura el departamento de la calle San José al 1111 en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo, la medida abarca un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera en el complejo Madero Center de Puerto Madero, pertenecientes a las sociedades comerciales Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., integradas por Máximo y Florencia Kirchner.
En la provincia de Santa Cruz, la nómina de activos embargados incluye el terreno donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén, inmuebles en El Calafate y Río Gallegos —entre ellos la residencia de la ex mandataria sobre la avenida Costanera Néstor Kirchner— y terrenos ubicados sobre las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
Los magistrados extendieron las cautelares sobre estos activos al considerar probado que las maniobras investigadas generaron beneficios económicos directos para el empresario Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner mediante contratos de alquiler y explotación hotelera.
El fallo también alcanzó a propiedades de empresas constructoras vinculadas al expediente, como Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L., además de inmuebles a nombre de Lázaro Báez y del ex secretario de Obras Públicas José López en las provincias de Chubut, Tucumán y Córdoba.
En materia de bienes muebles, se ordenó la reinscripción del embargo sobre un automóvil Honda CR-V perteneciente a Cristina Fernández de Kirchner, vehículos de alta gama e históricos de Lázaro Báez (Ford Mondeo, BMW 630, Chrysler Coupe y Torino), un Chevrolet Meriva y una embarcación de José López, una camioneta Land Rover de Mauricio Collareda, una Dodge Journey de José Raúl Santibáñez y un Fiat 600 de Nelson Periotti.
Por último, el juzgado libró un oficio con carácter de urgente al Banco Galicia para que en un plazo de 24 horas informe sobre el estado de dos cuentas bancarias y una caja de seguridad pertenecientes a Florencia Kirchner, ante el pedido de la fiscalía para incorporar a la nómina de recuperación más de 5,6 millones de dólares allí custodiados.
