La Cámara de Apelaciones revirtió la sentencia de la jueza Preska. Argentina queda eximida del millonario pago y YPF fue ratificada como exculpada del proceso de estatización.
Análisis: Giro histórico en Nueva York: La justicia de EE.UU. revoca la condena de US$16.000 millones contra Argentina
En una decisión que sacude el tablero financiero y político internacional, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la República Argentina, revirtiendo la sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar la astronómica suma de 16.000 millones de dólares.
El fallo central de este tribunal revisor no solo suspende el pago, sino que ratifica que la petrolera YPF fue exculpada de manera correcta durante el proceso de estatización iniciado en 2012.
Según lo que averiguó Revista Enterate, esta resolución desarma el andamiaje legal que en 2023 había construido la jueza Loretta Preska. En aquel entonces, la magistrada consideró que el Estado argentino había violado los estatutos de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) tras la expropiación del 51% de las acciones, que en ese momento estaban bajo la gestión de la cartera económica nacional.
YPF, fuera de la zona de peligro
Un punto clave del nuevo fallo es la confirmación de que YPF, como entidad corporativa, no tuvo responsabilidad legal en la maniobra de nacionalización. Esto libera a la empresa de posibles embargos de activos en el exterior, una amenaza que sobrevolaba la operación de la petrolera de bandera desde que el fondo de inversión Burford Capital inició el litigio en 2015.
El factor Corte Suprema y el alivio fiscal
Si bien el fallo es una victoria contundente, las partes demandantes —los fondos que compraron los derechos de litigio— aún cuentan con el último recurso de apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Para el tesoro nacional, este fallo representa evitar un desembolso que equivale a casi cuatro puntos del PBI, una cifra que hubiera condicionado cualquier plan económico de la actual gestión. La batalla judicial, que lleva ya más de una década, entra ahora en su fase final, dejando atrás el fantasma de un default técnico provocado por una sentencia extranjera de tal magnitud.
