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Una mujer utilizaba la matrícula de un médico varón para trabajar en Quitilipi y Presidencia de la Plaza. Tras ser descubierta, se encuentra prófuga.

 

 

Un caso de extrema gravedad institucional salió a la luz tras la denuncia radicada por el Director de la Región Sanitaria, dejando al descubierto una peligrosa maniobra de usurpación de título. Una mujer, cuya verdadera formación es materia de investigación, se desempeñó durante meses en las guardias de los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, utilizando una matrícula profesional que pertenecía, en realidad, a un médico varón del ámbito privado.

 

 

 

La alarma se encendió entre el propio personal de salud. Fueron las enfermeras quienes, tras observar intervenciones erráticas —incluyendo un episodio en un evento deportivo donde el personal subalterno debió realizar tareas de sutura ante la impericia de la supuesta profesional—, alertaron sobre su «falta de capacitación». Tras una auditoría interna en el Ministerio de Salud, se confirmó que el DNI de la sospechosa no coincidía con el registro de la matrícula que ostentaba en sus sellos.

 

 

 

Los puntos clave de una investigación alarmante

 

 

 

El dato más escalofriante de la pesquisa revela que la denunciada llegó a firmar nueve partidas de defunción. Esto implica que atendió a pacientes en estado crítico y certificó fallecimientos utilizando una identidad profesional falsa.

 

 

 

 

 

A pesar de haber figurado en los cronogramas de guardia hasta el mes de abril, la mujer desapareció de sus lugares habituales una vez que se iniciaron las averiguaciones. Actualmente, su paradero es desconocido.

 

 

 

La investigación determinó que la mujer mentía sobre su origen; mientras afirmaba ser de Formosa con residencia en Corrientes, los registros electorales la sitúan en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se habría desempeñado previamente como cuidadora domiciliaria.

 

 

 

Responsabilidades administrativas: La Dirección de Región Sanitaria ha solicitado informes urgentes a los directores de los hospitales involucrados para determinar cómo se concretó la contratación de una persona sin la debida verificación de sus credenciales profesionales.

 

 

 

La causa ha quedado en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, bajo la carátula de «ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título», mientras se intenta dar con el paradero de la falsa médica.