El Gobierno Nacional extendió la prohibición de contratar personal en el sector público. Conocé la regla del «dos por uno» y cómo buscan terminar con el despilfarro de la era peronista.
Durante décadas, nos acostumbramos a ver cómo los gobiernos anteriores transformaron las dependencias públicas en una cueva de militantes rentados. El sistema era simple: se robaban la guita de la nación o la despilfarraban creando cargos que no servían para nada, más que para asegurar el voto y el «curro» de turno.
Esa fiesta, que pagamos todos con inflación y un Estado que no funciona, hoy tiene un nuevo candado.
El Boletín Oficial de este viernes confirmó que las jurisdicciones y entidades nacionales «no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad». La prohibición es total: no entran más empleados por planta transitoria, ni por la Ley Marco, ni como locación de servicios profesionales.
Se acabaron las «designaciones a dedo» en cargos que deberían ser por concurso pero que siempre terminaban en manos de algún pariente o puntero del modelo anterior.
Sin embargo, para no dejar al país a la deriva, el decreto habilita algunas excepciones en áreas que son realmente estratégicas. Las Universidades Nacionales, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los hospitales nacionales y el Servicio Penitenciario podrán incorporar gente, pero con una condición que es música para los oídos del contribuyente: la regla del dos por uno. Por cada alta que se quiera dar, se tienen que haber producido al menos dos bajas previas (renuncias, jubilaciones o contratos que se terminaron en este 2026).
Es un cambio de paradigma total. Ya no se trata de inflar el Estado para «dar trabajo» a la militancia, sino de obligar a que el sistema sea eficiente. Lo que sí aclararon es que no cuentan como bajas los retiros voluntarios, porque eso ya es parte de otro plan de limpieza administrativa.
Para que nadie se pase de vivo y quiera meter un «colado» en alguna oficina, cada nuevo contrato deberá pasar por el filtro de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Este organismo será el encargado de validar que realmente se cumpla el achicamiento. Así, bajo la firma del Ejecutivo, se busca blindar las cajas de los ministerios de esos viejos vicios peronistas de quemar la guita en sueldos para gente que, en muchos casos, ni siquiera conoce su oficina.
