El bloque de Patricia Bullrich negocia con la UCR y el PRO. El peronismo busca 37 votos para aplicar el artículo 101 de la Constitución Nacional por primera vez.
Las espadas legislativas del Gobierno avanzaron en un principio de acuerdo con los sectores de la oposición moderada para postergar el debate en el recinto. Buscan desactivar la ofensiva de los bloques opositores duros, quienes exigen la inmediata destitución de una de las máximas figuras del gabinete por presuntas irregularidades fiscales.
La parálisis total de la agenda legislativa nacional y un febril intercambio de despachos en la Cámara Alta marcaron el pulso de la jornada institucional, mientras las principales fuerzas políticas miden sus fuerzas de cara a un posible escenario de destitución ministerial sin precedentes en el país.
Las negociaciones del oficialismo apuntan a ganar tiempo y enfriar el clima de confrontación en las comisiones, en un intento por evitar que el escándalo salpique las iniciativas de reforma económica que el Ejecutivo busca dictaminar. Sin embargo, los bloques considerados aliados advirtieron que la tregua otorgada tiene un plazo perentorio muy estricto y que no dudarán en unir fuerzas con el arco opositor si no se producen cambios estructurales en el organigrama del Gobierno de forma inminente.
La rosca política al más alto nivel se intensificó este martes 16 de junio de 2026 en el Senado de la Nación, donde La Libertad Avanza (LLA), la fuerza liderada por Patricia Bullrich, logró encaminar un acuerdo con los bloques dialoguistas para suspender la sesión prevista para este jueves. El objetivo central de la maniobra es evitar que se trate el pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, impulsado con fuerza por el bloque peronista.
A pesar de las intensas negociaciones subterráneas para postergar el debate por una semana, la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, mantuvo en pie la convocatoria de Labor Parlamentaria para las 18:00 horas.
En esa reunión se busca definir el temario definitivo y la fecha exacta en la que el funcionario asistirá a brindar su informe de gestión, prevista inicialmente por la estrategia del oficialismo para el próximo 2 de julio de 2026.
La crisis institucional se desató luego de que el jefe de Gabinete admitiera públicamente haber mantenido ahorros por medio millón de dólares omitidos en su declaración jurada fiscal, una situación que el propio entorno del oficialismo calificó de «indefendible». Frente a esto, el peronismo —que cuenta con 25 bancas propias— busca sumar los 3 votos de Convicción Federal (alineados con los gobernadores Gustavo Sáenz de Salta y Raúl Jalil de Catamarca), 2 de Santa Cruz, 2 de Provincias Unidas y una banca salteña, alcanzando un piso de 34 voluntades, todavía lejos de la llave para abrir el recinto. El destino de la sesión y del funcionario quedó supeditado a la postura de los 12 senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, los 2 legisladores del Frente de la Concordia misionero, 1 de Despierta Chubut y 1 de la Neuquenidad.
El debate técnico también se centra en la aplicación de la Moción de Censura, una herramienta de destitución consagrada en el artículo 101 de la Constitución Nacional tras la reforma de 1994, pero que jamás fue reglamentada mediante una ley ni aplicada en la historia del parlamento argentino. Para avanzar con este mecanismo constitucional y lograr la remoción del jefe de Gabinete se requiere el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, lo que representa un piso de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.
