La Cámara en lo Contencioso Administrativo le otorgó una cautelar a Telecom Argentina y suspendió los artículos principales del decreto de necesidad y urgencia que declaró el año pasado como servicio público esencial a las telecomunicaciones
La Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de la justicia federal dio un nuevo sopapo a las intenciones del gobierno de Alberto Fernández de regular los servicios de telecomunicaciones como servicios públicos en competencia.
Ante una presentación del principal grupo de comunicaciones del país y uno de los más grandes de la región, Clarín-Telecom, José López Castiñeira y Luis Márquez decidieron frenar la aplicación para esa empresa del DNU N° 690 de 2020.
La medida judicial tiene un impacto muy grande sobre los objetivos que se propone el DNU ya que Telecom es el actor con mayor poder de mercado en telefonía móvil, provisión de banda ancha y también la prestación del servicio de televisión de pago, las tres actividades que busca regular.
Uno de los principales, sino el principal, argumentos del fallo indica que el decreto regula una actividad que ya se brindaba en condiciones de competencia y que su transformación en servicio público así como la supeditación de los aumentos de abonos a aprobaciones o determinaciones estatales lesiona el derecho a la propiedad privada de la corporación.
Como fuera en su momento con los artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Grupo Clarín-Telecom cuestiona regulaciones que se proponen ampliar derechos y garantizar la satisfacción de necesidades básicas en cualquier sociedad democrática con el argumento de la libertad de empresa.
En su momento, uno de los principales argumentos del Grupo ante la Ley Audiovisual para oponerse a los artículos que buscaban desconcentrar el mercado era que solo una empresa con la capacidad y poder económico como Clarín podía garantizar la libertad periodística y su independencia.