Seis detenidos rompieron la pared de un baño y escaparon de una comisaría. El hecho expone fallas profundas del sistema penal y la falta de respuestas políticas y judiciales.
Nota de Opinión: La madrugada del domingo 30 de noviembre, seis detenidos se fugaron de una comisaría después de romper la pared del baño y abrir un boquete, mientras el personal de turno hacía lo que podía en un espacio que nunca estuvo pensado para alojar presos de alto riesgo.
Los evadidos tenían antecedentes pesados: robos calificados, homicidios y reincidencias. Varios ya habían pasado por unidades penitenciarias y volvieron a caer. Ahora, además, sumarán una nueva causa por evasión, tal como lo prevé el Código Penal cuando hay “fuerza en las cosas”.
Pero la cuestión de fondo es otra: no todos fueron recapturados y continúa un despliegue policial enorme, con móviles, grupos especiales e inteligencia en distintos puntos de la región. Otra vez, la policía termina trabajando a contrarreloj para tapar una falla que no generó.
Un problema que se repite en toda la provincia
El caso no sorprende a quienes conocen la realidad de las comisarías. Lo vienen advirtiendo hace años: estas dependencias no pueden funcionar como cárceles, porque no lo son. Son lugares para tener a alguien pocas horas, no durante semanas o meses, y mucho menos a personas con prontuario grave.
Cuando el sistema judicial deriva detenidos a espacios que no cumplen con los estándares básicos, pasan estas cosas. Y cuando pasa, la responsabilidad recae –como siempre– en la policía, que es la que pone la cara y arriesga el cuerpo en cada operativo.
Los riesgos son para todos
Usar comisarías como depósitos de presos genera un cóctel peligroso:
- Para la policía, obligada a enfrentar operativos de alto riesgo por decisiones que no toma.
- Para la comunidad, que queda expuesta a personas con antecedentes muy pesados que vuelven a circular por la calle.
- Para los propios detenidos, que terminan alojados en lugares que no garantizan condiciones mínimas, lo que impulsa conflictos, fugas y episodios violentos.
Ninguno de estos factores aparece en los comunicados oficiales, pero todos forman parte del problema real.
Silencio político y nula autocrítica judicial
A pesar de la magnitud de la fuga, nadie salió a dar explicaciones claras. Ni desde la política local ni desde el Poder Judicial. No hubo una autocrítica seria, ni una admisión de que el Estado —en su conjunto— no está cumpliendo con lo que le corresponde: garantizar que cada detenido esté alojado donde corresponde.
El caso también deja otra señal: en la discusión pública suele responsabilizarse rápido a la policía o a los propios detenidos, sin reparar en que muchos de los problemas empiezan antes, en decisiones judiciales o políticas que no se ajustan a la realidad operativa.
Una reflexión que como sociedad seguimos esquivando
Las redes sociales simplifican todo: “culpa de la policía”, “culpa de los presos”, “el sistema no sirve”. Pero la verdad es más compleja. Y si no se entiende dónde está la raíz, el problema seguirá repitiéndose.
Un Estado de Derecho necesita un sistema penitenciario que funcione, cárceles que cumplan su rol y decisiones judiciales acordes a la realidad. Cuando eso falla, pierde la policía, pierden los detenidos y pierde toda la comunidad.
La verdadera responsabilidad está en quienes deben garantizar condiciones adecuadas de detención. Señalarlo no es atacar a las instituciones: es exigir que hagan lo que les corresponde.
