Ministros, secretarios y subsecretarios reclaman recomposición salarial tras dos años de congelamiento. La decisión final depende de Javier Milei.
La tensión dentro del Gobierno nacional volvió a escalar por el mismo tema que desde hace meses incomoda a ministros, secretarios y subsecretarios: los sueldos congelados. Con remuneraciones frenadas desde principios de 2024 y una inflación acumulada que licuó los ingresos, la presión interna por una recomposición salarial crece cada semana, aunque la decisión final recae exclusivamente en el presidente Javier Milei.
Según fuentes del Ejecutivo, lo que se reclama no es un aumento tradicional sino una “recomposición” de lo que no se actualizó en dos años. En los despachos oficiales reconocen que la situación es crítica: los salarios están “muy por debajo” del costo de vida actual y eso complica tanto la permanencia como el reclutamiento de funcionarios capaces de asumir responsabilidades de alta carga administrativa.
El congelamiento salarial fue parte de la bandera política inicial de La Libertad Avanza. Milei exigió que, si la sociedad debía hacer un esfuerzo en los primeros meses del ajuste, la dirigencia debía acompañar. Sin embargo, puertas adentro comenzó a repetirse un fenómeno que inquieta al Gobierno: funcionarios que renuncian para volver al sector privado, donde los ingresos resultan más competitivos.
Actualmente, un ministro percibe alrededor de $3.584.006, un secretario $3.282.709 y un subsecretario $2.981.513. El Presidente, por su parte, cobra cerca de $4.066.018 brutos. Estas cifras están muy por debajo de lo que reciben otros poderes del Estado: un senador nacional, por ejemplo, supera los $9.500.000 mensuales.
En Casa Rosada admiten que los bajos salarios desalientan a futuros funcionarios que deberían asumir responsabilidades delicadas, firmar resoluciones sensibles o administrar áreas estratégicas. “Nadie quiere poner la firma cobrando tan poco”, reconoció una fuente libertaria.
Pese a la necesidad de recomposición, un eventual ajuste salarial podría generar resistencias, ya que el oficialismo evalúa aplicar un nuevo recorte del 10% en el Estado y continúa con el plan de simplificación de organismos para 2026. En ese marco, cualquier incremento podría ser leído como contradictorio con la narrativa de austeridad que sostiene el Gobierno.
Por ahora, la decisión está en manos de Milei y de la Jefatura de Gabinete. Mientras tanto, el descontento interno sigue creciendo, y los funcionarios alertan que sin una actualización urgente la planta política podría achicarse aún más en los próximos meses.
