Garuhapé: Denuncian persecución y maniobras de intimidación tras un reclamo de tierras

 

 

Comunidades originarias y referentes sociales advierten sobre pedidos de detención, presiones al servicio de transporte y reclamos ante la ONU.

 

 

 

Un conflicto territorial sumó en los últimos días nuevos episodios de tensión y denuncias de persecución. Luego de una recuperación pacífica tras un desalojo concretado semanas atrás, las familias que reclaman el espacio y las personas que las acompañan enfrentan duros planteos en los tribunales y situaciones de acoso en la zona.

 

 

 

En ese contexto, la defensa del empresario Alfredo Ruff, a cargo del ex juez Osvaldo Rubén Lunge, presentó un escrito judicial donde solicita la detención de una integrante del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA).

El abogado atribuye a la referente liderar la ocupación del predio y exige el secuestro de la camioneta en la que se moviliza, así como de todo vehículo que transporte personas hacia el lugar. En el mismo texto, requiere la intervención de Gendarmería Nacional y la presencia policial permanente.

 

 

 

Entre las acusaciones presentadas en el juzgado, la defensa de Ruff sostiene que en el área habría «personas extranjeras armadas» que representan un peligro para el propietario y afirmó que se estaría «extorsionando a niños y mujeres» para permanecer en el sitio. Desde los sectores que acompañan a las comunidades rechazaron de plano estos argumentos y afirmaron que se trata de una estrategia para criminalizar el apoyo humanitario y legal.

 

 

 

Aislamiento y amenazas a choferes

 

A la presión judicial se le sumó un hecho de intimidación en el pueblo. En las últimas horas se difundió un audio en el que un hombre advierte a un remisero local que no realice más viajes hacia la comunidad Puente Quemado II porque «ya te tienen marcado los milicos». Tras recibir el mensaje, el trabajador resolvió suspender los traslados por miedo a sufrir represalias.

 

 

Esta situación generó una fuerte complicación para los vecinos de la zona, ya que actualmente ningún remisero de Garuhapé quiere viajar hasta la comunidad. El asentamiento se encuentra a 30 kilómetros del centro urbano y no cuenta con líneas de colectivos que lleguen hasta el lugar, lo que deja a las familias en un virtual estado de aislamiento.

 

Ante lo que consideran una falta de garantías en la Justicia provincial, las comunidades originarias junto a EMiPA resolvieron llevar la denuncia ante los organismos de protección de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para alertar sobre la escalada de violencia y el hostigamiento que sufren.